La propuesta de reforma de la Ley de Salud Mental en Argentina, contenida en el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, también conocida como ‘ley ómnibus’, ha generado un intenso debate entre diversos sectores. Estos cambios propuestos buscan modificar ocho artículos clave de la ley vigente desde 2010, lo que ha suscitado preocupaciones en algunos sectores, mientras que otros los respaldan.
Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran:
Internaciones Involuntarias: Alberto Trimboli, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental, critica la eliminación de la necesidad de dos firmas profesionales para autorizar internaciones involuntarias.
“El juez podría internar involuntariamente a una persona sin una evaluación previa del equipo interdisciplinario teniendo en cuenta su ‘convicción’, y durante un tiempo incierto, esperando que un equipo profesional lo evalúe”, analiza.
Por otro lado, algunos familiares de pacientes, como Marina Charpentier, respaldan la reforma. Argumentan que la ley actual ha quedado obsoleta y no responde a las necesidades actuales, resaltando la necesidad de más opciones para la internación y el tratamiento de pacientes con trastornos mentales y adicciones.
Creación de Hospitales Monovalentes: : La ley actual prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes . La nueva propuesta prevé la posibilidad de crear hospitales monovalentes y eliminar la obligación de los hospitales generales de contar con salas de salud mental. Esto marca un cambio significativo con respecto a la ley actual que promueve dispositivos alternativos a los hospitales monovalentes.
Composición del Órgano de Revisión: La ley vigente establece que el Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario e incluir representantes de varios organismos gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, el nuevo proyecto propone que este órgano esté compuesto por equipos multidisciplinarios que incluyan un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia, y un abogado especialista en la materia.
Organizaciones internacionales como la OPS y la OMS han expresado su preocupación, indicando que algunas de las modificaciones propuestas podrían contravenir estándares internacionales de derechos humanos y complicar la implementación efectiva de la ley.
Estos cambios apuntan a una reestructuración en la manera en que se aborda la salud mental en el país, buscando actualizar la legislación a las necesidades y realidades actuales del cuidado en salud mental. Sin embargo, también han generado debate y preocupaciones en cuanto a su impacto en los derechos de los pacientes y en la calidad del tratamiento en salud mental.
Evidentemente el debate pone de manifiesto la complejidad y los desafíos en la evolución de la atención de la salud mental en Argentina, resaltando la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los derechos y la efectividad del tratamiento, en un contexto donde los intereses y preocupaciones de profesionales, pacientes y sus familias a menudo entran en conflicto.
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