La Resolución 943/23, que instaura el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, ha desencadenado un debate significativo en los círculos legales y públicos. Esta resolución, que busca regular la intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones de cortes de vías, ha sido cuestionada a través de una acción de inconstitucionalidad. El núcleo del debate gira en torno a cómo esta normativa podría afectar derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, como la libertad de expresión y reunión.
La urgencia y gravedad del asunto se reflejan en la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de habilitar la feria judicial.
La Cámara ha decidido asignar la competencia a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, enfatizando que el asunto incumbe directamente a la actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en casos de delitos flagrantes.
Esta asignación de competencia es clave, ya que sitúa el debate en un terreno donde la seguridad pública y los derechos individuales se cruzan. El protocolo, al regular la actuación policial en eventos de corte de vías, no solo incide en la metodología de las fuerzas de seguridad sino también en la forma en que los ciudadanos ejercen sus derechos civiles. La justicia deberá ponderar si el protocolo respeta el delicado equilibrio entre mantener el orden y proteger las libertades constitucionales.
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