El Juzgado Federal de Río Cuarto, Córdoba, ha recibido una demanda contra la farmacéutica AstraZeneca y el Estado Nacional (ANMAT).
La demandante, Flavia Silvana Ochoa, alega haber sufrido graves efectos adversos tras recibir la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, lo que le ha causado una incapacidad laboral permanente. Además de AstraZeneca, Ochoa y su esposo también han demandado al Estado Nacional, argumentando negligencia en la autorización y administración de la vacuna. Esta demanda marca un importante caso legal en Argentina relacionado con las vacunas contra el Covid-19 y sus efectos secundarios.
Los Hechos del Caso
En enero de 2022, Ochoa recibió su tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Inmediatamente después de la inoculación, comenzó a experimentar fuertes calambres e inestabilidad en las piernas. Tras consultar con su médico de cabecera, le diagnosticaron que estos síntomas podrían ser efectos adversos de la vacuna. La confirmación vino del hospital local, que la trató inicialmente con decadrón y diclofenac para aliviar el dolor. Sin embargo, sus síntomas empeoraron, resultando en un diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia, un trastorno grave que afecta el sistema inmunitario y los nervios, potencialmente paralizando todo el cuerpo.
El diagnóstico fue devastador para Ochoa. La cuadriparesia flácida la dejó con una movilidad reducida del 90%, requiriendo dispositivos de asistencia para caminar. Un neurólogo le informó que necesitaría pasar dos meses en silla de ruedas y que su recuperación sería larga y ardua. Un año después de la vacunación, una Comisión Médica de Río Cuarto dictaminó que Ochoa tenía una incapacidad laboral del 75,6%.
Reclamos Legales
La demanda de Ochoa busca resarcimientos significativos por diversos daños, incluyendo 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente, 25,3 millones por el fondo de reparación según la Ley 27.573, 9,3 millones por la pérdida de oportunidades de vida, 7,5 millones por daño moral, 1,5 millones por daño moral de su pareja, 49,5 millones por daño punitivo y 180,000 pesos por daño emergente.
Ochoa argumenta que la vacunación fue resultado de una fuerte presión social y laboral, además de la coacción ejercida por el Estado, lo que la dejó sin otra opción que vacunarse para no perder su empleo. También destaca que no fue adecuadamente informada sobre los posibles efectos adversos ni se le proporcionó un consentimiento informado adecuado.
Responsabilidad del Estado
La demanda también apunta al Estado argentino por autorizar la vacuna de AstraZeneca sin resultados concluyentes sobre sus efectos adversos. Ochoa y su esposo acusan al Estado de negligencia y mala fe, afirmando que se priorizaron los intereses del mercado sobre las obligaciones hacia los ciudadanos y los tratados internacionales. En particular, critican la cláusula de indemnidad de la Ley de Vacunas, que impide acciones legales contra los fabricantes de las vacunas y limita el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades, un derecho consagrado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional.
Ochoa sostiene que el acceso a la justicia debe garantizarse especialmente en este contexto, ya que las vacunas contra el Covid-19 forman parte de un ensayo clínico, como lo establece la Resolución N° 2540/2021 del Ministerio de Salud de la Nación.
Impacto en la Familia
El esposo de Ochoa también se ha sumado a la demanda como damnificado, argumentando que la incapacidad de su esposa ha afectado profundamente su calidad de vida. Con un hijo de cinco años, él ha tenido que asumir las responsabilidades del hogar y cuidar de su esposa en medio de limitaciones financieras. La situación ha sido emocionalmente desgastante, dejándolo en momentos sin esperanzas y con una sensación de derrota.
Conclusión
Este caso es el primero de su tipo en Argentina y podría sentar un precedente importante en la lucha por los derechos de las personas afectadas por las vacunas contra el Covid-19. La demanda no solo cuestiona la responsabilidad de la farmacéutica AstraZeneca, sino también la del Estado argentino en la autorización y administración de la vacuna. A medida que el caso avance, podría tener implicaciones significativas para la política de vacunación y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los posibles efectos adversos de las vacunas experimentales.
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