Creación del PRONACIB para coordinar la política criminal sobre ciberdelincuencia, evidencia digital y tecnologías emergentes.
La Resolución 483/2026 del Ministerio de Justicia crea el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), ante la evolución de los delitos digitales y las dificultades para investigar hechos que pueden atravesar distintas jurisdicciones.
El artículo 1 incorpora los objetivos y lineamientos del anexo: producir diagnósticos, proponer reformas, fortalecer el tratamiento de la evidencia digital y coordinar la cooperación institucional e internacional. El artículo 2 asigna el seguimiento del programa a un coordinador, designado ad honorem por el artículo 5. El artículo 3 somete el tratamiento de datos personales a la Ley 25326, mientras que el artículo 4 permite formar mesas de articulación con actores públicos y privados.
La resolución deroga, por su artículo 6, las Resoluciones 69/2016, 640/2016 y 317/2024, vinculadas con el programa anterior y su mesa de ciberdelito. Amplía así el abordaje hacia los activos virtuales, la inteligencia artificial y la ciberseguridad aplicada a las investigaciones. Se integra con los delitos informáticos incorporados al Código Penal y con el Convenio de Budapest, aprobado por la Ley 27411.
Su efecto inmediato es organizativo: prevé planes anuales, capacitación, protocolos y evaluación, sin crear delitos ni nuevas facultades de investigación.
Versión en lenguaje claro
Tema de la norma
El Ministerio de Justicia crea el PRONACIB, un programa para mejorar la respuesta frente a los delitos cometidos mediante tecnologías digitales.
Contexto y finalidad
Estos delitos cambian con rapidez y pueden involucrar personas, datos o servicios ubicados en distintas jurisdicciones. El programa busca mejorar la coordinación y el manejo de la evidencia digital, como archivos y registros que pueden servir de prueba.
Cambios principales
El nuevo programa reemplaza el esquema creado en 2016 y la mesa de trabajo establecida en 2024. Su anexo incorpora tareas sobre activos virtuales, inteligencia artificial y seguridad de la información. También prevé estudios, propuestas de reforma, guías de actuación y capacitación.
Un coordinador deberá presentar cada año un plan de actividades. El programa podrá convocar mesas con organismos públicos y actores privados.
Impacto práctico
La resolución puede ayudar a unificar criterios y mejorar la cooperación entre instituciones. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires serán invitadas a participar; la asistencia técnica local se brindará cuando la soliciten. El tratamiento de datos personales debe respetar la Ley 25.326.
Conclusión
La norma organiza una política de trabajo permanente para enfrentar la ciberdelincuencia. Sus resultados dependerán de las acciones que se implementen y evalúen.
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