La Resolución General 5696/2025 emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero restablece la plena vigencia del secreto fiscal dispuesto por el artículo 101 de la Ley 11683 (t.o. 1998), abrogando la Resolución General 5125. Fundamentada en jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, sostiene que la exigencia por parte de ciertos proveedores de servicios de obtener declaraciones juradas impositivas implica prácticas abusivas que violan derechos constitucionales consagrados en los artículos 18 y 19 (inviolabilidad de documentos privados y privacidad). Así, la norma busca prevenir la divulgación indebida de información protegida, reforzando las garantías jurídicas mediante sanciones previstas en los artículos 156 y 157 del Código Penal, asegurando un trato equitativo y equilibrado en relaciones comerciales y financieras.
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