Gentileza Erreius 20 de Julio de 2022
La sala primera de la CĆ”mara Civil y Comercial de La Matanza revocĆ³ una acciĆ³n de desalojo interpuesta por los sucesores del titular de un inmueble contra la mujer que fue su concubina durante mĆ”s de 20 aƱos.
Los jueces rechazaron la figura de "tenedora precaria" y seƱalaron que la mujer colaborĆ³ con la mantenciĆ³n de la vivienda y realizĆ³ mejoras durante la convivencia en comĆŗn.
En el caso āB., M. y otro/a c/ C., P. y otro/a s/ desalojoā, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de desalojo, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pĆŗblica. Asimismo, desestimĆ³ el reclamo de derecho de retenciĆ³n y acuse de temeridad y malicia formulado por la demandada.
La concubina del causante se agraviĆ³ por considerar que la valoraciĆ³n que realiza el juez de grado es irrazonable, discriminativa, arbitraria y contraria a las pruebas producidas.
Sostuvo que la convivencia de mĆ”s de dos dĆ©cadas quedĆ³ acreditada con documentaciĆ³n y testimonios que avalaban su carĆ”cter de poseedora y no de simple tenedora y aƱadiĆ³ que colaborĆ³ no solo con la mantenciĆ³n de la vivienda sino con mejoras.
Convivencia acreditada por mƔs de 20 aƱos
Los camaristas RamĆ³n Posca, JosĆ© Tarraborelli y HĆ©ctor PĆ©rez Catella se preguntaron si puede oponerse al progreso de la acciĆ³n de desalojo -en el caso concreto- quien hubiera convivido por mĆ”s de 20 aƱos en el inmueble con el titular registral en aparente matrimonio (uniĆ³n convivencial) comportĆ”ndose como dueƱa frente a los herederos de aquĆ©l.
En ese marco, entendieron que se deben analizar "las especiales caracterĆsticas que presenta el proceso de desalojo de la conviviente en el contexto de una relaciĆ³n de familia que finaliza por el fallecimiento de uno de sus integrantes, debiendo abandonarse pautas rĆgidas que no hacĆan mĆ”s que interpretar la letra de la ley con criterios contrarios al ordenamiento supralegal y convencional".
Explicaron que āel derecho privado constitucionalizado impone un esfuerzo interpretativo a la respuesta jurisdiccional, con la obligaciĆ³n de brindar una soluciĆ³n fundada al caso bajo estudio (art. 3 CCCN), siempre con el debido respeto de del principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio (art. 18 CN)ā.
AnƔlisis con perspectiva de gƩnero
En este contexto, los jueces interpretaron los tĆ©rminos de la expresiĆ³n de agravios ābajo una obligada perspectiva de gĆ©neroā para dar cumplimiento con la normativa local e internacional en la materia (Conf. ConvenciĆ³n Americana sobre Derechos Humanos aprobada por Ley 23054, ConvenciĆ³n sobre la EliminaciĆ³n de todas las Formas de DiscriminaciĆ³n contra la Mujer conocida por sus siglas en inglĆ©s "CEDAW" ratificada por Ley 23179, ambas con jerarquĆa constitucional conf. art. 75 in. 22 CN, ConvenciĆ³n Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer conocida como "ConvenciĆ³n De Belem Do ParĆ”" ratificada por Ley 24632ā.
"La permanencia pĆŗblica de la demandada y su pareja durante mĆ”s de veinte aƱos y mostrĆ”ndose como esposo y esposa acredita por sĆ no sĆ³lo que no se trata de un caso de intrusiĆ³n, comodato o tenencia precaria sino que efectivamente aquĆ©lla, segĆŗn se desprende de todas las testimoniales, ejerciĆ³ una posesiĆ³n que prima facie considerada y sin perjuicio de los vicios que pudieran imputĆ”rsele constituye una "causa legĆtima" para continuar la ocupaciĆ³n, conforme lo dicho en el punto III Ćŗltimo pĆ”rrafo, dado que la alegaciĆ³n de posesiĆ³n invocada por la parte demandada cuenta con respaldos atendibles que no quedan destruidos con las pruebas ni los argumentos aportados por la accionante", afirmaron los jueces.
AsĆ, revocaron la sentencia y rechazaron la acciĆ³n de desalojo.
Vulnerabilidad del conviviente supƩrstite
En el artĆculo āLas uniones convivenciales, el desalojo y el derecho a uso de la vivienda familiarā, publicado en Temas de Derecho Procesal de Erreius, MarĆa V. Pellegrini sostuvo que āel cese de launiĆ³n convivencial por la muerte de uno de los convivientes suele representar, para el conviviente supĆ©rstite, la situaciĆ³n de mayor vulnerabilidad tanto emocional como econĆ³micaā.
āEn efecto, como no titulariza vocaciĆ³n sucesoria (ni siquiera un llamamiento legĆtimo), no ostenta derechos hereditarios sobre los bienes de titularidad de su conviviente fallecido. Salvo, claro estĆ”, por vĆa testamentariaā, aƱadiĆ³.
āPor otra parte, la forma familiar āuniĆ³n convivencialā no genera un rĆ©gimen legal respecto a las adquisiciones patrimoniales realizadas durante la uniĆ³n (salvo que fuera pactado por las partes)ā, destacĆ³.
En ese sentido, seƱalĆ³ que en el caso āFerreyra, MarĆa Paula c/ Sosa, Edilma NoemĆ s/desalojoā, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires indicĆ³ que āla invocaciĆ³n de eventuales derechos patrimoniales sobre el inmueble en debate y su (en principio) acreditaciĆ³n justifica el derecho de la demandada al uso de la vivienda, pues este derecho a uso derivĆ³ de su carĆ”cter de poseedora y no de su condiciĆ³n de conviviente. En tales condiciones, entonces, la demanda de desalojo deviene improcedenteā.
Por lo tanto, los eventuales derechos patrimoniales de la demandada sobre la vivienda, aun cuando todavĆa no se hubiera resuelto en definitiva su procedencia o alcance (pero sĆ de algĆŗn modo acreditados) resultan suficientes para repeler el desalojo.
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G.S. D. c/C., A. y otros s/atribuciĆ³n de la vivienda familiar | Cita Digital: Delalenga 26409
