“FERME, M. D. y otro s/estafa” | Cita Digital: Delalenga 87655

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional se expidió en la causa “Fermé, M. D. y otro s/ estafa”, con fecha 14 de octubre de 2025. El caso tuvo origen en hechos ocurridos el 21 de agosto de 2019, cuando M. D. Fermé y F. A. Viggiano, mediante una maniobra concertada, obtuvieron la huella digital de N. R., una persona con grave deterioro cognitivo, en un boleto de compraventa por el cual se habría enajenado su vivienda a un precio irrisorio, aprovechando su incapacidad psíquica debidamente acreditada por certificados médicos e historias clínicas. La víctima requería asistencia permanente y no se encontraba en condiciones de comprender el alcance jurídico del acto.

Tras el fallecimiento de N. R. en noviembre de 2021, Fermé promovió el sucesorio y acompañó el boleto cuestionado junto con una carta documento, intentando acreditar el cumplimiento del negocio, cuando en realidad —según la investigación— el acto había sido celebrado sobre bases ideológicamente falsas. En julio de 2025, la jueza de primera instancia dispuso el procesamiento de Fermé como coautor de circunvención de incapaz en concurso ideal con tentativa de estafa procesal, y de Viggiano como partícipe necesario, además de trabar embargos sobre sus bienes. La defensa recurrió alegando inexistencia de daño, pago efectivo del precio y desconocimiento del estado de la víctima, y cuestionó la proporcionalidad de los embargos.

Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apeló la resolución que le había negado intervención como querellante, sosteniendo que la maniobra podía afectar una eventual herencia vacante. El juez Pablo Lucero consideró que la prueba reunida —informes médicos, testimonios vecinales y contexto del acto— acreditaba la incapacidad ostensible de la víctima, el aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad y la utilización posterior de documentación falsa en sede civil, confirmando los procesamientos y embargos. En igual sentido votó la jueza Magdalena Laiño. De manera concurrente, ambos magistrados admitieron la legitimación de la Ciudad como querellante, al estimar verosímil su interés como eventual heredera vacante. La decisión fue unánime.

“…Resulta verosímil que en la fecha del 21/08/19 quien en vida fuese R. N. cursase un cuadro cerebral orgánico de tipo demencial que limitaba su capacidad y autonomía psíquica requiriendo asistencia para las actividades de la vida diaria y para la adecuada valoración de actos de disposición patrimonial”.

“…la calidad de ofendido directamente por el delito debe acreditarse con carácter meramente hipotético, bastando en esta etapa preliminar para habilitar la intervención de quien invoca un interés legítimo vinculado con el hecho investigado”.

Versión en lenguaje claro

La Cámara confirmó el procesamiento de dos hombres acusados de aprovecharse de un adulto mayor con graves problemas de salud para quedarse con su casa. El hecho ocurrió en 2019, cuando la víctima, que padecía una demencia avanzada, fue llevada a colocar su huella digital en un papel que simulaba ser una venta del inmueble. Según los médicos, ya en ese momento no podía entender lo que estaba firmando.

Después de que el dueño falleció, uno de los imputados usó ese documento en un juicio de sucesión para intentar quedarse legalmente con la propiedad. La justicia consideró probado que el contrato era falso y que se usó para engañar a otro juez.

La defensa dijo que hubo pagos, que la víctima sabía lo que hacía y que no existió ningún perjuicio. Sin embargo, los jueces entendieron que la prueba médica y los testimonios demostraron que el hombre estaba totalmente incapacitado y que la operación solo fue posible porque se aprovechó su extrema vulnerabilidad.

También se discutió si la Ciudad de Buenos Aires podía intervenir como parte en el caso. La Cámara resolvió que sí, porque, si no aparecen herederos, el inmueble podría pasar a ser una herencia vacante a favor del Estado.

El fallo confirmó los procesamientos, mantuvo los embargos sobre los bienes de los acusados y reconoció a la Ciudad como querellante. Ambos jueces votaron en el mismo sentido y sostuvieron que la medida busca asegurar que la eventual condena tenga un efecto real.

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