La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa “Garrett, Mark Theis contra Municipalidad de San Antonio de Areco. Reinstalación”, resolvió por mayoría hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor y revocar la sentencia de grado que había rechazado la acción de reinstalación prevista en el artículo 52 de la Ley 23551.
El actor, empleado municipal y delegado gremial, promovió una acción de reinstalación luego de ser cesanteado. Sostuvo que su despido vulneró la tutela sindical establecida en la normativa vigente y en instrumentos internacionales. El juzgado de primera instancia desestimó el planteo por considerar que el vínculo entre las partes carecía de estabilidad y no se acreditaba una relación laboral que habilitara la protección especial invocada. Esta decisión fue confirmada por la instancia de apelación.
El Tribunal provincial, con votos concordantes en lo sustancial de las juezas Kogan y Budiño y los jueces Torres y Kohan, revocó esa interpretación. Enfatizó que el derecho de tutela sindical debe interpretarse de manera amplia, en consonancia con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT. La mayoría entendió que no puede exigirse estabilidad formal como presupuesto para la reinstalación, pues ello vaciaría de contenido la protección frente a prácticas antisindicales.
El juez Soria, en disidencia, consideró que no se probó una estabilidad de hecho o derecho que permitiera el encuadre legal requerido por la acción intentada. A su entender, la tutela sindical sólo es aplicable en el marco de una relación laboral estable, lo que no se verificaba en el caso.
El fallo refuerza la interpretación extensiva de la protección sindical en el ámbito del empleo público municipal, constituyendo un precedente relevante sobre la vigencia práctica del artículo 52 de la Ley 23551 y la primacía del principio protectorio en el derecho del trabajo.
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