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De la Lenga

Decreto Provincial 1213/20 – Crea el “Programa de Capacitación y Entrenamiento Laboral para las Personas Desempleadas en el Sector Privado” (PROCEL)

El Decreto provincial 1213/2020, del 1 de septiembre de 2020, crea el Programa de Capacitación y Entrenamiento Laboral para Personas Desempleadas en el Sector Privado (PROCEL). Sus fundamentos vinculan la formación y protección del empleo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 16 de la Constitución provincial. No modifica un régimen anterior identificado: establece un programa y sus instrumentos operativos.

Los artículos 1 y 2 crean el PROCEL y aprueban sus anexos. El artículo 3 atribuye su gestión al Ministerio de Trabajo y Empleo, conforme a las competencias de la Ley provincial 1301. El artículo 4 constituye un fondo de $1.300.000 para el ejercicio vigente. El artículo 5 fija una ayuda mensual no remunerativa de $15.000: $7.000 estatales y $8.000 empresariales, más seguro de accidentes y obra social. El artículo 6 habilita convenios y actos de implementación. Los anexos regulan requisitos, tutoría y prácticas de hasta cuatro meses; prohíben sustituir trabajadores contratados y citan la Ley 24557 sobre riesgos del trabajo. Aunque declaran un vínculo formativo, el acuerdo prevé su conversión en relación laboral por tiempo indeterminado desde el inicio cuando se desnaturalice. También contempla un incentivo empresarial para contratar participantes.

Tema de la norma

El decreto crea el PROCEL en toda Tierra del Fuego. Combina cursos y prácticas en empresas privadas para mejorar las posibilidades de conseguir empleo.

Contexto y finalidad

Busca que las personas desempleadas adquieran conocimientos y experiencia con acompañamiento de un tutor. El Ministerio de Trabajo y Empleo administra el programa mediante la Secretaría de Empleo y Formación Laboral.

Cambios principales

El régimen original admite personas desde los 18 años, con DNI argentino, CUIL, certificación negativa de ANSES y residencia provincial continua mínima de dos años. El certificado de discapacidad se exige únicamente a quienes tengan esa condición.

Establece una ayuda mensual de $15.000, compartida entre el Estado y la empresa. Estos son los importes originales de 2020. La empresa también debe brindar cobertura de salud, seguro de accidentes y elementos de trabajo.

Las prácticas duran hasta cuatro meses. El anexo establece una carga ordinaria de cuatro horas diarias o veinte semanales y admite autorizaciones especiales; el modelo de acuerdo fija un máximo de cuatro horas diarias y veinte semanales.

Impacto práctico

Las empresas no pueden reemplazar empleados por participantes. Deben brindar formación y tutoría, adaptar las instalaciones cuando incorporen personas con discapacidad y evitar tareas riesgosas.

Si contratan al participante, pueden recibir el aporte estatal de $7.000 como ayuda para cubrir su salario durante el tiempo restante hasta completar un año desde el inicio de la capacitación.

Conclusión

El decreto establece la base del PROCEL. Su diseño procura conectar formación y empleo efectivo, con obligaciones empresariales y una cláusula que reconoce una relación laboral cuando la capacitación se desnaturaliza.

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