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De la Lenga

Disposición 001/2025 Inspección General de Justicia Sustitúyase el artículo 26 del Anexo I de la Disposición I.G.J. 957/2017

La Disposición General 001/2025 de la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego se fundamenta en la necesidad de adecuar el régimen de fiscalización de asociaciones civiles y simples asociaciones, en virtud de la creciente diversidad y complejidad de estas organizaciones, así como de sus realidades económicas dispares. En sus considerandos destacan la dificultad de muchas entidades para acceder a un asesoramiento profesional contable y legal, lo cual genera incumplimientos formales que afectan la consecución de su objeto social. Esta norma modifica disposiciones anteriores, en particular la Disposición IGJ Nº 957/2017 y la IGJ Nº 208/2018, mejorándolas al actualizar los criterios de categorización económica, armonizar sus disposiciones con la Resolución General Conjunta RESOG-2025-5661-E-AFIP-ARCA y establecer modelos simplificados de presentación contable. Los artículos de la nueva normativa reestructuran los requisitos formales según tres categorías en función de los ingresos anuales, elevando los umbrales permitidos y flexibilizando la carga administrativa para entidades más pequeñas. Introducen además un nuevo formato obligatorio de presentación de “Estado de Recursos y Gastos” y “Composición Patrimonial de Bienes y Deudas”, con validez ante la IGJ y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También se incorporan formularios estandarizados para informes de asamblea y declaraciones juradas de autoridades, y se derogan anexos obsoletos, manteniendo vigente el resto de la normativa aplicable. El fin de la disposición es promover el cumplimiento normativo mediante instrumentos más realistas, accesibles y proporcionales a las capacidades de cada organización, evitando que la burocracia formal impida su desarrollo o regularización. El espíritu que guía esta reforma normativa es el de la inclusión jurídica, la transparencia y la simplificación, buscando asegurar que las asociaciones cumplan con sus obligaciones con menores complicaciones, garantizando a la vez un control estatal eficaz, coordinado y moderno.

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