El Superior Tribunal de Justicia emitió un fallo en el caso “Guenul Gueicha, Gioconda del Carmen c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat s/ Contencioso Administrativo”. La actora demandó al IPVyH tras la resolución, que rechazó su reconsideración contra la resolución 1479/22, la cual la dio de baja de la demanda general de vivienda.
Inscripta desde 2007, Guenul Gueicha no pudo actualizar su legajo en 2019 por falta de notificación, y en 2020 y 2021 no se exigió debido a la pandemia. En 2022, se enteró de su baja sin previo aviso. El IPVyH argumentó que la normativa de 2015 exige actualización anual del legajo, informando a Guenul Gueicha en 2018 sobre esta obligación.
El juez Ernesto Adrián Löffler sostuvo que la baja del legajo de Guenul Gueicha carecía de razonabilidad y proporcionalidad, considerando que la actora estaba inscrita desde hacía casi seis años y no había presentado su recibo de haberes debido a la falta de notificación. Según Lóffler, la resolución 165/2015 del IPVyH y la ley provincial 141 debían aplicarse de manera supletoria, y la falta de notificación previa violaba el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y a una decisión fundada.
El Tribunal, considerando la falta de notificación y el impacto de la pandemia, concluyó que la baja violaba el principio del debido proceso. La jueza Battaini y los jueces Sagastume y Cristiano coincidieron en que el IPVyH actuó incoherentemente, quebrantando buena fe y seguridad jurídica. El Tribunal declaró nulas las resoluciones impugnadas y ordenó la reinscripción de Guenul Gueicha, imponiendo costas al IPVyH.
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