LEY 1119 – RESIDUOS PELIGROSOS – MEDIO AMBIENTE: MODIFICACIÓN

Centraliza la autoridad ambiental provincial y ordena competencias para gestionar residuos peligrosos y proteger el ambiente.

La norma concentra, con carácter exclusivo y excluyente, la autoridad de aplicación ambiental en la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, habilitando una delegación parcial en la Dirección General de Política y Gestión Ambiental. Modifica el art. 57 de la Ley 105 (Residuos Peligrosos) y el art. 95 de la Ley 55 (Protección del Medio Ambiente) para unificar la competencia administrativa y deroga la Ley 958, presumiblemente para eliminar solapamientos orgánicos. El propósito es fortalecer la gestión integral de residuos peligrosos y la protección ambiental mediante claridad institucional, cadena de mando única y mayor eficacia en la ejecución y control. La técnica legislativa es precisa: sustitución de artículos específicos y derogación expresa, con efectos inmediatos sobre la distribución de competencias. El diseño se integra con el sistema federal (art. 41 CN: presupuestos mínimos ambientales; arts. 121 y 124 CN: competencias y dominio originario provincial) y con las leyes nacionales de presupuestos mínimos (v.gr. Ley 25675 y régimen de residuos peligrosos), al reafirmar la potestad provincial de implementación y control. El impacto es positivo: reduce conflictos de competencia, facilita la fiscalización y mejora la trazabilidad decisoria; como riesgo, concentra discrecionalidad en un único órgano, mitigada por la posibilidad de delegación operativa y por el control judicial. En conclusión, la norma redefine la arquitectura institucional ambiental provincial, asegura coherencia con el derecho argentino y consolida un nodo claro para la ejecución de políticas públicas y la aplicación del régimen de residuos peligrosos.

MODIFICA A

• LEY 55 – MEDIO AMBIENTE
• LEY 105 – RESIDUOS PELIGROSOS

DEROGA A

• LEY 958 – RESIDUOS PELIGROSOS: MODIFICACIÓN – DEROGADA

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• DICTAMEN FISCALÍA DE ESTADO 25/2021

Versión en lenguaje claro

Esta ley decide quién manda en materia ambiental en la provincia.

Establece que la Secretaría de Ambiente es la autoridad principal y única. Puede delegar parte de sus tareas en la Dirección de Política y Gestión Ambiental.

¿Qué cambia?

• Reemplaza un artículo de la Ley 105 (residuos peligrosos) y otro de la Ley 55 (protección ambiental) para decir, con claridad, qué oficina es la responsable.
• Deroga la Ley 958 para evitar superposiciones.

¿Qué busca?

• Ordenar la gestión ambiental y de los residuos peligrosos.
• Hacer más rápidas y claras las decisiones.
• Facilitar los controles y la coordinación.

¿Cómo se integra con otras normas?

• Respeta la Constitución Nacional: el art. 41 fija pisos mínimos de protección; las provincias pueden dictar y aplicar sus propias reglas.
• Se alinea con la Ley General del Ambiente y con el régimen nacional de residuos peligrosos: la provincia implementa y controla en su territorio.

Derechos y obligaciones:

• Las personas y empresas saben a qué autoridad deben acudir para permisos, controles o sanciones.
• La Secretaría debe prevenir daños, fiscalizar y sancionar incumplimientos.
• La Dirección puede ejecutar tareas si la Secretaría se lo delega.

Plazos:

• La ley tiene efecto inmediato porque sustituye artículos y deroga otra norma de forma expresa.

Impacto:

• Beneficio: menos conflictos entre oficinas y más eficacia en el control.
• Cuidado: concentrar atribuciones puede exigir más transparencia y rendición de cuentas.

En síntesis: una sola autoridad ambiental, con posibilidad de delegar, para gestionar mejor los residuos peligrosos y la protección del ambiente en la provincia.