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De la Lenga

Resolución 437/2025 – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Lanzan el programa de Crédito Fiscal 2025 para capacitar trabajadores y mejorar la productividad de las empresas

Aprueban el Programa Crédito Fiscal 2025 para fomentar la capacitación laboral y la inserción de trabajadores mediante incentivos fiscales a empresas y cooperativas.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano dictó la Resolución 437/2025 (B.O. 17/07/2025), por la cual se aprueba el “Programa Crédito Fiscal 2025”, creado bajo el régimen de la Ley 22317, que promueve la capacitación de trabajadores ocupados y desocupados mediante incentivos fiscales. El programa se integra al Plan de Formación Profesional y Continua aprobado por la Resolución 784/2020 y se encuentra alineado con las políticas activas de empleo de la Ley 24013.

El objetivo central de la norma es mejorar la empleabilidad de personas desocupadas y fortalecer las competencias laborales de trabajadores ocupados, incrementando así la productividad empresarial y la competitividad del sector cooperativo. Para ello, se autoriza la emisión de Bonos Fiscales para cancelar tributos nacionales, destinados a empresas y cooperativas que implementen propuestas de formación profesional.

Entre las disposiciones más relevantes se destacan:

  • Un cupo total de crédito fiscal de $400 millones, distribuido por región.
  • Financiación para MiPyMEs, grandes empresas y cooperativas, con límites diferenciados.
  • Incentivos económicos adicionales por la incorporación de trabajadores desocupados, especialmente si pertenecen a colectivos vulnerables.
  • Amplitud de modalidades formativas (presencial, virtual sincrónica, autoasistida y semipresencial) y posibilidad de incorporar equipamiento para la capacitación.
  • Condiciones claras de inscripción, evaluación técnica y rendición de cuentas, supervisadas por la Dirección Nacional de Formación Laboral.

En términos sistémicos, esta resolución consolida el régimen de crédito fiscal como herramienta de política pública para la inclusión laboral, fortaleciendo la articulación Estado-empresa en clave de formación para el trabajo. Su impacto jurídico será significativo en la regulación de incentivos fiscales con fines sociales y productivos.

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