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De la Lenga

SUPLEMENTO CSJN – PROFESORES UNIVERSITARIOS | Cita Digital: Delalenga 35489

VOCES:

El suplemento de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación titulado “Profesores universitarios” constituye una sistematización de precedentes orientada a delimitar el régimen jurídico aplicable a los vínculos laborales y estatutarios del personal docente universitario .

El tema central del documento radica en la naturaleza jurídica de la relación entre los profesores universitarios y las universidades nacionales, particularmente en lo relativo a la estabilidad, los mecanismos de designación y remoción, y el alcance de las garantías constitucionales. El eje conceptual principal se vincula con la tensión entre el régimen especial universitario y los principios generales del derecho laboral y administrativo.

Las materias involucradas comprenden el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho laboral público y el derecho universitario, en tanto se analizan relaciones regidas por estatutos específicos dentro del ámbito estatal.

El suplemento se organiza en ejes estructurales definidos. En primer lugar, la caracterización del vínculo docente universitario como relación de derecho público, sujeta a estatutos propios y a los principios de autonomía universitaria. En segundo término, el análisis de los mecanismos de acceso y permanencia en el cargo, con especial atención a los concursos y a la estabilidad relativa. Asimismo, se examina el alcance del debido proceso en procedimientos disciplinarios o de remoción. Otro eje relevante es la delimitación de la competencia judicial para revisar decisiones universitarias, ponderando el margen de discrecionalidad institucional. Finalmente, se destaca la protección de derechos fundamentales, como la igualdad y la no arbitrariedad en el acceso y permanencia en la función docente.

En conclusión, la Corte Suprema consolida una doctrina que reconoce la especificidad del régimen universitario, pero sin excluir el control judicial cuando se encuentran comprometidas garantías constitucionales, equilibrando autonomía institucional y tutela de derechos.

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