Migraciones: alcance del derecho a la asistencia jurídica oportuna
La Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular la permanencia en el país de una ciudadana de nacionalidad colombiana ordenando su expulsión y la prohibición de reingreso al país. La Cámara consideró que este acto era nulo por la falta de efectiva y oportuna asistencia jurídica, ya que de las actuaciones administrativas surgía que la presentación con patrocinio letrado se había producido luego del dictado del mismo. La Corte, por mayoría, revocó esta sentencia. Consideró que de la norma que rige el caso surge que los ciudadanos extranjeros que carecen de medios económicos tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en los procedimientos que pueden conducir a su expulsión del territorio nacional pero que de ella no se deriva la exigencia de comunicar ese derecho al interesado de forma personal y fehaciente, y que nada se dice acerca de dar intervención al Ministerio Público de la Defensa en caso de ausencia de petición expresa en ese sentido. Consideró también que la actora había contado con asistencia jurídica luego del dictado del acto por el que se dispuso su expulsión, que cuestionó ese acto en debidos tiempo y forma en las instancias administrativas y judiciales correspondientes y que los fundamentos de la decisión recurrida y los planteos de la actora no precisaron qué argumentos conducentes esta se habría visto privada de esgrimir, por lo que no se advertía de qué modo la previa labor de un letrado en defensa de sus derechos habría influido en la decisión que cuestionaba.
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