El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado, bajo instrucciones del Presidente de la Nación, una demanda con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad de los artículos incorporados en la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Se argumenta que dichos artículos son contrarios al bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales de derechos humanos.
En particular, se sostiene que la reforma constitucional limita los derechos fundamentales a la protesta, reunión y huelga, vulnerando los principios de libertad de expresión y participación ciudadana. Estos derechos son pilares fundamentales de la democracia y resulta crucial su pleno respeto y protección.
Además, se destaca que la reforma constitucional omitió llevar a cabo una consulta popular a los pueblos indígenas antes de modificar los artículos que los afectan directamente. Esta omisión contradice los estándares internacionales en materia de participación y consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, consagrados en tratados y convenios ratificados por Argentina.
La presentación de esta demanda ante la Corte Suprema tiene como objetivo salvaguardar el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantizar la plena vigencia de los principios democráticos en el ámbito jurídico y constitucional de Jujuy. El gobierno nacional considera que la reforma constitucional vulnera los derechos fundamentales y busca que la máxima instancia judicial declare su inconstitucionalidad.
