La comisión de Legislación General del Senado evaluará la propuesta, ya con media sanción de la Cámara de Diputados, para establecer el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Aspectos clave del proyecto:
Objetivo del ReNDAM: Crear una base de datos unificada y dinámica sobre deudores alimentarios morosos en el territorio nacional.
Accesibilidad: La base de datos será de acceso público y gratuito.
Inscripción: La inscripción en el ReNDAM ocurrirá si se incumple con el pago de cuotas alimentarias durante 3 meses consecutivos o 5 alternados. La baja se otorgará una vez que se verifique el pago adeudado.
Consecuencias para deudores: Quienes estén registrados en el ReNDAM enfrentarán restricciones como la imposibilidad de abrir cuentas bancarias, renovar tarjetas, obtener viviendas sociales, renovar pasaportes, solicitar licencia de conducir y más. Sin embargo, pueden solicitar autorizaciones provisionales en ciertos casos.
Exclusión de eventos: Los inscritos no podrán asistir a eventos deportivos masivos ni a casinos o casas de juego.
Concienciación: Se promoverán campañas de sensibilización sobre la protección de los derechos de los menores y la violencia económica hacia las mujeres debido al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Actos de disposición: Los notarios deben verificar si alguien está inscrito en el ReNDAM antes de proceder con actos de disposición sobre bienes. Si se encuentra una inscripción, la escritura pública no puede continuar hasta que se verifique la baja del registro.
Relación con el Estado: Antes de realizar pagos a contratistas, proveedores o acreedores, el Estado debe confirmar que estos no están en el ReNDAM. Si están inscritos, el pago se suspende hasta que se acredite la baja o se obtenga una autorización judicial
Pagos judiciales: En los procesos judiciales, se debe verificar la inscripción en el ReNDAM antes de realizar cualquier pago.
Esta propuesta surge como un esfuerzo por centralizar la información de deudores y promover el cumplimiento de obligaciones alimentarias en todo el país. Actualmente, solo cuatro de las 24 jurisdicciones tienen registros públicos sobre esta información.
