Seguridad Jurídica en el Hogar: La importancia de la Resolución 004/2024 en la “Titularización de Viviendas”

El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat ha emitido la  Resolución 004/2024, reglamentaria de la Ley Provincial 1535, “Programa especial de regularización dominial de bienes inmuebles propiedad del IPV y Hábitat de la Provincia”. Este programa está diseñado para facilitar el saneamiento dominial y la titularización de las viviendas adjudicadas, marcando un hito en la política de vivienda y urbanismo de la provincia.

La Resolución Reglamentaria 004/2024 establece el  procedimientos para que los ocupantes de viviendas puedan regularizar su situación y acceder a la titularidad de sus hogares.

Bajo esta nueva reglamentación, los ocupantes tienen un plazo de 36 meses para completar el proceso de regularización, con la posibilidad de una extensión si se requiere. Los criterios de elegibilidad incluyen la demostración de una ocupación efectiva, continua, pacífica e ininterrumpida durante un mínimo de dos años, cumpliendo con los requisitos legales para la eventual titularización de la vivienda.

La Norma detalla meticulosamente los pasos a seguir, incluyendo la verificación de la condición jurídica de la ocupación, el análisis de la situación socioeconómica de los ocupantes, y la revisión de las obligaciones financieras con el Instituto. Se pone especial énfasis en proporcionar un marco legal para aquellos cuya ocupación no alcanza el mínimo de dos años requerido, ofreciendo alternativas para su regularización.

Uno de los aspectos más significativos de la Resolución Reglamentaria es su enfoque en la transparencia y la justicia, asegurando que todos los beneficiarios cumplan con los estándares establecidos y mantengan sus compromisos para con el Instituto. La reglamentación advierte sobre las consecuencias de no adherirse al proceso, incluyendo la posibilidad de rescisión de los derechos sobre la vivienda.

Este marco legal no solo representa un avance en la política habitacional de la provincia sino que también es un pilar en la promoción de la equidad social y el derecho a la vivienda digna. 

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