La Acordada 178/2019 del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego parte del reconocimiento de las políticas estatales impulsadas en la última década en favor del lenguaje claro como herramienta de transparencia y accesibilidad. En sus considerandos se recuerda la constitución de la Red Argentina de Lenguaje Claro, creada en 2018 por la Secretaría Legal y Técnica, el Senado y el Ministerio de Justicia, y la posterior adhesión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Ju.Fe.Jus). Sobre esa base, el Tribunal sostiene que corresponde adoptar medidas generales que superen los esfuerzos individuales de algunos magistrados y garanticen a toda la ciudadanía una comprensión adecuada de los actos judiciales.

La Acordada encomienda a la Secretaría de Superintendencia y a la Secretaría de Gestión y Coordinación el diseño de acciones para incorporar el lenguaje claro en todos los procedimientos, productos y servicios del Poder Judicial. Se fijan ejes como sensibilización, capacitación en la Escuela Judicial, gestión de redes de acción y pautas para que las resoluciones sean comprensibles sin perder rigor técnico, en línea con el ODS 16 de la Agenda 2030 de la ONU.

La norma busca consolidar un modelo judicial más accesible y transparente, impactando en la interpretación de los derechos de acceso a la justicia reconocidos constitucionalmente (arts. 5, 18 y 123 CN). Su implementación implica un cambio cultural de gran alcance, que tiende a fortalecer la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en el servicio de justicia

Versión en lenguaje claro

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego aprobó en 2019 la Acordada 178, que establece la obligación de usar un lenguaje más simple y directo en todo el Poder Judicial. El objetivo es que las resoluciones y documentos sean comprensibles para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos.

La decisión se apoya en iniciativas nacionales e internacionales que promueven el “lenguaje claro” como una forma de acercar al Estado a la ciudadanía. En 2018 se creó la Red Argentina de Lenguaje Claro y, un año después, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales se sumó a este compromiso. El Tribunal fueguino entendió que no bastaban los esfuerzos individuales de algunos jueces y dispuso medidas generales para que toda la comunidad pueda entender lo que decide la justicia.

La Acordada ordena a dos Secretarías del Tribunal que elaboren un plan de acción. Ese plan debe incluir:

  • Difundir la importancia del lenguaje claro en la justicia.
  • Capacitar de manera continua a jueces, funcionarios y empleados.
  • Coordinar acciones con otras redes y organismos.
  • Asegurar que los actos judiciales, sin perder su validez técnica, puedan ser entendidos fácilmente por los usuarios.

El texto también conecta esta obligación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular el ODS 16, que promueve instituciones sólidas, justicia y paz.

En la práctica, la norma implica un cambio cultural. Busca que las personas comprendan sin dificultad qué resolvió un juez, qué derecho les reconoce o qué obligación deben cumplir. Esto fortalece el acceso a la justicia, un derecho protegido por la Constitución Nacional, y genera mayor confianza en el Poder Judicial.

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