La Corte Suprema de Justicia en Argentina ha decidido poner fin a un caso penal que había estado en curso durante un período excesivo de tiempo. El caso involucra a una persona que fue acusada de robar 40 pesos en 2003, cuando aún era menor de edad. La Corte encontró inaceptable que, después de tantos años, el juicio aún no se hubiera llevado a cabo.
Este es el segundo momento en que la Corte Suprema ha intervenido en este caso. Previamente, en septiembre de 2015, la Corte había instruido que se emitiera una nueva sentencia, ya que no se había abordado adecuadamente la cuestión de la duración razonable del proceso.
El caso comenzó en 2003, cuando tres menores fueron acusados de robar 40 pesos. A pesar de la simplicidad del caso, el juicio se pospuso repetidamente. En 2013, antes de que comenzara el juicio, la defensa solicitó el sobreseimiento de los acusados debido a la duración excesiva del proceso. Esta solicitud fue inicialmente rechazada, pero finalmente condujo a la intervención de la Corte Suprema en 2015.
Tras la primera intervención de la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó parte del caso pero continuó con respecto a uno de los acusados, Sebastián P. El tribunal inferior justificó la duración del proceso alegando un alto volumen de casos y le dio prioridad a aquellos con acusados detenidos. También argumentó que la defensa no había solicitado activamente la resolución del caso y que, como el acusado no estaba en detención, no se había producido un perjuicio concreto.
Sin embargo, la Corte Suprema, respaldando los argumentos presentados por el Procurador General interino, Eduardo Casal, sostuvo que la naturaleza del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es fundamental y no puede ser medido estrictamente en días, meses o años. Además, se señaló que la complejidad del caso, la conducta del acusado y la diligencia de las autoridades son factores clave en la determinación de qué constituye un plazo razonable.
En este caso particular, dado que se trataba de un delito menor y no había indicios de que la defensa estuviera causando demoras innecesarias, la Corte Suprema determinó que se había violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
El Procurador General también criticó el razonamiento de la Cámara, que sugirió que la defensa no demostró un perjuicio concreto debido a la duración del proceso, especialmente dado que el acusado no estaba detenido. La Corte Suprema respaldó esta crítica y enfatizó que el proceso penal en sí crea una situación de incertidumbre para el acusado, lo que puede ser perjudicial.
En última instancia, la Corte Suprema revocó la sentencia que rechazaba la prescripción debido a la duración excesiva del proceso, poniendo fin a un caso que había estado languideciendo en el sistema judicial durante casi dos décadas.
