La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), mediante un fallo unánime, declaró la nulidad de las providencias que tuvieron por desierta una apelación y rechazaron la revocatoria contra esta decisión, ambas emitidas por el presidente del tribunal sin el acuerdo de los demás integrantes de la sala. En su razonamiento jurídico, la CSJN subrayó que tales actuaciones transgredieron las normas procesales y afectaron gravemente la garantía constitucional de la defensa en juicio.
La controversia se originó en una causa en la cual se pretendía el reconocimiento de un período de movilidad jubilatoria. El presidente de la cámara, actuando ultra vires, declaró desierto un recurso de apelación por falta de presentación del memorial de agravios. Esta decisión fue impugnada mediante recurso de revocatoria, pero fue rechazada por el mismo magistrado, sosteniendo que la equivocación en la presentación era inexcusable.
La CSJN, al analizar la cuestión, fundamentó la nulidad en la flagrante violación de los artículos 266 y 273 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En virtud de estas disposiciones, era imperativo que las resoluciones mencionadas fueran adoptadas por el tribunal colegiado, y no únicamente por su presidente.
Además, el Alto Tribunal enfatizó la naturaleza de los derechos en juego, los cuales concernían a la correcta liquidación de los haberes jubilatorios. En este contexto, la Corte hizo hincapié en el deber inexcusable de los jueces de actuar con un mayor celo en el resguardo de estos derechos, enfatizando la necesidad de garantizar la plena vigencia del principio de legalidad y del debido proceso legal.
La sentencia representa una afirmación contundente de la primacía de las normas procesales y de los derechos fundamentales, y subraya la necesidad de una interpretación y aplicación rigurosa de las leyes, especialmente en situaciones en las que están en juego derechos sociales esenciales. Adicionalmente, reafirma el principio de colegialidad en la toma de decisiones dentro de los órganos judiciales y rechaza cualquier acto que suponga un menoscabo de las garantías procesales.
