La Inspección General de Justicia (IGJ) ha eliminado la restricción de duración de 30 años para las sociedades inscritas ante dicho organismo, mediante la Resolución General 1/2024. Esta medida, efectiva a partir del 30 de enero de 2024, permite que las sociedades establezcan su plazo de duración sin límite, ajustándose a los acuerdos de sus socios y dentro de los márgenes que establece la ley 19.550.
Esta decisión revoca las disposiciones anteriores contenidas en la Resolución General 1/2022, que imponían un límite máximo de 30 años para la duración de las sociedades comerciales constituidas desde el 1 de febrero de 2022. Dicha limitación había sido establecida con el fin de ofrecer ciertas ventajas y conveniencias administrativas, aunque sin un fundamento legal directo que restrinja la duración de las sociedades más allá de lo previsto en la ley 19.550.
El Inspector General de Justicia, en los considerandos de la nueva resolución, argumentó que la legislación actual y la tendencia legislativa del Congreso de la Nación no imponen una duración máxima para las personas jurídicas, salvo disposición expresa en contrario. Esto abre la puerta a que las sociedades puedan optar por un plazo de duración ilimitado, respetando siempre el régimen de autonomía de la voluntad y las disposiciones legales aplicables.
Además, se destaca que la normativa derogada (RG IGJ 1/2022) entraba en contradicción con la resolución general 19/2021, que fomenta la inscripción de protocolos en empresas familiares. Esta última resolución promueve la elaboración de protocolos familiares que ayuden a las sociedades a prevenir conflictos y asegurar su continuidad a largo plazo, facilitando mediante su inscripción pública el conocimiento de dichos protocolos por parte de terceros.
Con esta derogación, la IGJ adapta su normativa a la realidad y necesidades actuales de las sociedades, promoviendo mayor flexibilidad y adaptabilidad en la configuración de sus estructuras jurídicas. Este cambio representa un avance hacia la simplificación de los procesos administrativos y un reconocimiento de la autonomía empresarial en la definición de sus propios términos y condiciones de operación.
