El informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) se centra en la evaluación de la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes, un cambio legislativo que ha reconfigurado la manera en que se abordan los delitos relacionados con narcóticos en Argentina. Este análisis detallado contempla el período desde 2011 hasta 2022, abarcando las jurisdicciones federales y provinciales, incluyendo provincias como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han implementado esta política.
El documento examina meticulosamente el impacto que la desfederalización ha tenido sobre el sistema de justicia, tanto a nivel federal como provincial, poniendo especial atención en cómo ha evolucionado el volumen y la complejidad de las causas relacionadas con estupefacientes. A través de un análisis cuantitativo y cualitativo, la PROCUNAR busca ofrecer una perspectiva amplia sobre las implicancias de este cambio legislativo, aspirando a que los datos recolectados sirvan como base para el diseño de políticas criminales más eficaces en el combate a la narcocriminalidad.
Desde la implementación de la desfederalización, se ha observado una notable disminución en el número de casos de estupefacientes que tramitan en la justicia federal. Esta reducción ha permitido que se redirijan esfuerzos y recursos hacia la investigación y persecución de delitos más complejos asociados al crimen organizado, particularmente aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas a gran escala. El informe sugiere que, al disminuir la carga de casos menores, la justicia federal puede concentrarse en investigaciones que requieren un mayor nivel de especialización y recursos.
Por otro lado, las justicias provinciales han experimentado un incremento en el número de casos, absorbiendo la mayoría de las causas previamente atendidas por el sistema federal. Este aumento se debe principalmente a delitos de menor envergadura, como el comercio minorista de drogas y la posesión para consumo personal. El análisis destaca que las provincias, ahora con mayor autonomía, han tomado un rol más activo en el abordaje de estos delitos, lo que ha permitido una mayor descentralización y eficiencia en la gestión de las causas.
El informe también pone de relieve el efecto positivo de la desfederalización en la capacidad de las autoridades para enfocarse en delitos de mayor gravedad. Al delegar la responsabilidad de los delitos menores a las jurisdicciones provinciales, se ha logrado un enfoque más estratégico y especializado en el ámbito federal. Esto se traduce en una persecución penal más efectiva y en una mejor utilización de los recursos disponibles para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
La PROCUNAR enfatiza la necesidad de una coordinación efectiva entre las jurisdicciones para asegurar que la desfederalización no resulte en una fragmentación de las investigaciones. Subraya la importancia de compartir información y estrategias entre las distintas instancias de justicia para maximizar la eficacia de la persecución penal. Además, destaca la creación de mesas de trabajo y otros mecanismos de cooperación, como los establecidos en la ley 27.502, que buscan fortalecer la colaboración entre los distintos niveles del sistema de justicia.
En conclusión, el informe de la PROCUNAR presenta un panorama detallado y crítico de los efectos de la desfederalización, destacando tanto sus beneficios como los desafíos que implica. La evaluación sugiere que, aunque la desfederalización ha permitido un mejor enfoque y especialización en la persecución de delitos de narcocriminalidad, es crucial mantener una colaboración y coordinación constantes entre las jurisdicciones para optimizar los resultados y garantizar una respuesta estatal efectiva y coherente ante la problemática del narcotráfico.
