En un escenario donde emergió un conflicto de competencia entre la justicia civil y comercial federal y la justicia nacional, el centro de la disputa fue determinar qué jurisdicción debería conocer en un caso de mala praxis contra una obra social. Este tipo de conflictos no es inusual en el sistema judicial argentino, donde las competencias de los distintos fueros pueden solaparse, especialmente en casos que involucran entidades reguladas por normativas federales y la interpretación de estas.
La Corte Suprema de Justicia, en su resolución, se inclinó por la posición expresada en el dictamen del Procurador. Este aspecto es crucial porque el dictamen del Procurador generalmente provee una recomendación legal bien fundamentada que la Corte puede, pero no está obligada a seguir. La adhesión de la Corte al dictamen destaca la solidez de los argumentos presentados por el Procurador, los cuales fueron suficientemente persuasivos como para orientar la decisión final del tribunal.
La esencia del conflicto residía en determinar la jurisdicción adecuada para el caso de mala praxis presentado contra la obra social. Las obras sociales en Argentina están reguladas principalmente por las leyes 23.660 y 23.661, las cuales establecen el marco normativo bajo el cual operan estas entidades. Dado que las obras sociales son entidades que administran fondos de la seguridad social y están estrechamente vinculadas a la aplicación de leyes federales, el caso presentaba un claro interés federal. El reclamo interpuesto no solo buscaba una resolución a una instancia de mala praxis, sino que también involucraba la interpretación y aplicación de legislación federal específica.
La decisión de la CSJN de declarar competente a la justicia federal se fundamenta en la naturaleza de la obra social implicada y el contexto legal que la enmarca. La competencia federal fue considerada apropiada porque el asunto en litigio requería la interpretación de leyes federales, lo cual es prerrogativa de la justicia federal. Esta decisión subraya un principio clave en el derecho administrativo y constitucional: los casos que implican la interpretación de leyes federales o que involucran a entidades reguladas por el gobierno federal deben ser conocidos por la justicia federal.
