La destitución de un Fiscal de Estado en la Provincia de Mendoza, bajo la causal de “mal desempeño”, representa un caso en el que se evalúa la interacción entre procesos políticos y judiciales en el marco de un enjuiciamiento. El proceso fue desencadenado por una denuncia de legisladores provinciales, quienes acusaron al fiscal de haber actuado irregularmente en varios expedientes favoreciendo intereses de privados. Tras la destitución, el fiscal planteó un recurso ante la Corte Suprema, que revocó el fallo inicial, pero finalmente, la corte provincial reafirmó su decisión, rechazando nuevamente el recurso y confirmando la destitución.
El caso ilustra la naturaleza política del proceso de remoción de un magistrado, cuyo fin no es necesariamente sancionar, sino determinar si el funcionario ha perdido los requisitos esenciales para su cargo según lo estipulado por la ley y la Constitución. En este contexto, la revisión judicial de tales decisiones exige demostrar de manera clara y concluyente que se han violado las reglas del debido proceso.
A lo largo del juicio, se plantearon varias objeciones, incluyendo la admisión extemporánea de testimonios y la producción de pruebas periciales contables. Sin embargo, la corte concluyó que ninguna de estas objeciones logró demostrar una afectación grave al debido proceso con la entidad constitucional necesaria para invalidar la decisión de destitución. El tribunal destacó que el acusado fue debidamente imputado con cargos específicos, se le permitió ejercer su defensa, y fue juzgado en un plazo razonable.
Finalmente, la CSJN sostuvo que la destitución fue llevada a cabo por el órgano competente según la Constitución provincial, y que la sentencia fue debidamente fundamentada, cumpliendo así con los requisitos de un acto judicial válido, pero a la vez deja en claro la dificultad de impugnar decisiones en procesos políticos como el enjuiciamiento de magistrados, a menos que se demuestre una violación clara y significativa de las garantías procesales y del derecho de defensa.
