Control de los residuos peligrosos desde su generación hasta su disposición final, con deberes de prevención y responsabilidad por daños.
La Ley 24051 establece un régimen de control de los residuos peligrosos para prevenir daños a la salud y al ambiente. Se aplica a las actividades bajo jurisdicción nacional y a los supuestos interjurisdiccionales previstos en su artículo 1. Sus artículos 2 y 3 definen los residuos alcanzados y prohíben su ingreso desde otros países. Los artículos 4 a 13 crean un registro, exigen un certificado ambiental y establecen el manifiesto, documento que permite seguir cada residuo desde su origen hasta su tratamiento o disposición final. Los artículos siguientes imponen deberes específicos a generadores, transportistas y operadores. Los artículos 45 a 48 regulan la responsabilidad por daños; los artículos 49 a 57 prevén sanciones administrativas y delitos. El fin práctico del sistema es prevenir, controlar y atribuir responsabilidades durante todo el recorrido del residuo.
La ley no modifica una norma anterior específica: estableció un régimen propio, reglamentado por el Decreto 831/1993. Se integra con la protección ambiental del artículo 41 de la Constitución Nacional y con la legislación ambiental posterior. La Ley 25612 reguló los residuos industriales y de servicios, pero no derogó la Ley 24051: el decreto de promulgación observó el párrafo que disponía esa derogación. La aplicación concreta exige verificar también las reglas de la jurisdicción correspondiente.
Tema de la norma
La Ley 24051 regula cómo se generan, trasladan, tratan y eliminan los residuos que pueden dañar a las personas o contaminar el ambiente.
Contexto y finalidad
La ley busca evitar que esos residuos queden fuera de control. Para ello, identifica a quienes intervienen en cada etapa y les asigna obligaciones.
Cambios principales
Exige que los responsables se inscriban en un registro y obtengan un certificado ambiental. También requiere un manifiesto para documentar el recorrido del residuo. Los generadores deben reducir su producción, separarlos correctamente y entregarlos a transportistas autorizados. Las plantas de tratamiento y disposición final deben cumplir condiciones de funcionamiento y cierre.
Impacto práctico
Una empresa alcanzada debe poder demostrar qué residuo produjo, quién lo transportó y dónde terminó. El incumplimiento puede generar sanciones. Si se produce un daño, también pueden existir responsabilidades civiles o penales.
Conclusión
La ley sigue siendo parte del régimen vigente. Para aplicarla a un caso concreto hay que considerar, además, su reglamentación, la Ley 25612 cuando corresponda y las normas provinciales pertinentes.
REGLAMENTACIÓN
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LEY 24051 – RESIDUOS PELIGROSOS
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