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De la Lenga

LEY 90 – POLICÍA DEL TRABAJO

Régimen legal de limitación de la jornada laboral y regulación de horas de trabajo en Argentina

La Ley 90 de Tierra del Fuego crea la denominada Policía del Trabajo, configurando un sistema integral de control, inspección y sanción en materia laboral dentro del ámbito provincial.

En sus considerandos normativos implícitos, la ley persigue asegurar el cumplimiento efectivo de las normas laborales mediante una autoridad administrativa con amplias facultades. El eje central es la intervención activa del Estado para garantizar condiciones de trabajo dignas, salud laboral y respeto de derechos básicos del trabajador.

Desde el punto de vista estructural, la norma organiza tres pilares:

  1. Facultades inspectivas amplias: los inspectores pueden ingresar a establecimientos, requerir documentación, interrogar trabajadores, ordenar medidas inmediatas e incluso suspender tareas ante riesgos graves .
  2. Procedimiento sancionatorio ágil: el acta de infracción tiene valor probatorio, el presunto infractor cuenta con 5 días para descargo y la autoridad debe resolver en plazos breves, garantizando cierta celeridad administrativa .
  3. Sistema de sanciones progresivas: incluye apercibimientos, multas graduadas según gravedad y capacidad económica, y clausura del establecimiento en casos de riesgo para la salud o seguridad .

Asimismo, la ley incorpora elementos relevantes como el recurso judicial contra sanciones, el destino específico de las multas para fortalecer el sistema de inspección, la obligatoriedad del libro de inspecciones y la creación de un servicio jurídico gratuito para trabajadores, lo que refuerza su función protectoria.

En cuanto a su integración normativa, se articula con el derecho laboral nacional (LCT, convenios colectivos, normas de higiene y seguridad), actuando como instrumento de policía administrativa laboral a nivel provincial.

Desde una mirada crítica, la ley mantiene plena vigencia como herramienta de control estatal, aunque su eficacia depende de la capacidad operativa de la autoridad de aplicación. La incorporación de la Ley 1537 introduce restricciones éticas al personal y compensaciones salariales, fortaleciendo la transparencia del sistema.

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