Una planta industrial de la ciudad de Río Grande sufrió un incendio que provocó la destrucción total de sus instalaciones y la imposibilidad de continuar sus operaciones. La empresa afectada inició el procedimiento preventivo de crisis con el objeto de suspender temporalmente al personal y evaluar alternativas de continuidad, como la cobertura del seguro o la reubicación productiva.
Concluido el trámite administrativo sin acuerdo, y ante la persistencia del daño material, procedió a despedir a los trabajadores invocando la causal de fuerza mayor del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia que había considerado inaplicable dicha causal y reconoció la validez de los despidos efectuados. Doctrina del fallo: a aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo exige la acreditación de un hecho imprevisible, inevitable y ajeno a la voluntad del empleador, que torne imposible la continuidad de la prestación laboral.
Cuando el siniestro no es imputable al empleador y se demuestra que este ha desplegado conductas diligentes orientadas a conservar el empleo —como la iniciación del procedimiento preventivo de crisis y la búsqueda de alternativas operativas—, el despido resulta ajustado a derecho y corresponde la indemnización reducida prevista en la norma. El procedimiento preventivo de crisis tiene carácter negocial y no autorizante, por lo que, una vez agotado sin acuerdo, el empleador puede disponer despidos si persisten las causas objetivas.
El incendio fortuito de las instalaciones, debidamente probado y sin negligencia del empleador, configura un supuesto de fuerza mayor laboral que justifica la extinción del contrato conforme al artículo 247 LCT.
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