Por qué la provincia transfiere fondos a Rentas?
La transferencia de 10.546 millones de pesos a Rentas Generales por la Tesorería General de la Provincia responde a una práctica administrativa fundamentada en la legislación presupuestaria específica, en este caso, la ley 1062 sancionada a finales de 2015. Esta normativa otorga al Poder Ejecutivo Provincial, específicamente al Órgano Rector del Sistema de Tesorería, la autoridad para reasignar fondos no ejecutados de cuentas o fondos especiales o específicos al finalizar el ejercicio fiscal, el 31 de diciembre de cada año, a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y, por extensión, a Rentas Generales.
La razón detrás de esta disposición legal es doble: por un lado, busca equilibrar la CUT, y por otro, promueve una gestión más racional y eficiente de los recursos públicos. Los fondos sujetos a esta medida incluyen aquellos destinados a fines específicos que, por diversas razones, no fueron comprometidos o devengados en el plazo establecido. Entre estos se encuentran recursos destinados a financiar servicios sociales en salud y educación, prestaciones prioritarias como subsidios para consumos de gas envasado y servicios de comedores escolares, así como fondos para el desarrollo de recursos y ambientes naturales, entre otros.
Esta reasignación de fondos no ejecutados a Rentas Generales permite una flexibilidad presupuestaria que puede ser crucial para atender necesidades urgentes y no previstas en el presupuesto original. Sin embargo, esta facultad viene acompañada de un mecanismo de control y transparencia: las áreas responsables de los fondos originalmente asignados pueden solicitar su reafectación a través de un informe fundado que justifique la necesidad de disponer nuevamente de esos recursos para sus propósitos específicos.
A la vez sería prioritario reflexionar sobre cómo se pueden fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria para evitar la recurrente desafectación de fondos de sus propósitos originales. Esto no solo optimizaría el uso de recursos escasos, sino que también aseguraría que los objetivos de desarrollo social, educativo, y ambiental se cumplan de manera efectiva.
En última instancia, este caso subraya la importancia de una gestión pública transparente, responsable y eficaz, donde los recursos destinados a atender las necesidades críticas de la sociedad no se pierdan en los laberintos de la burocracia o la inacción. La reasignación de fondos debería ser la excepción y no la regla, impulsando a las áreas involucradas a comprometerse plenamente con la ejecución de sus presupuestos para el beneficio real de la comunidad.
