La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR – Jujuy) ha presentado una iniciativa legislativa que busca proteger el derecho de los pacientes de diversas instituciones de salud, incluyendo empresas de medicina prepaga, obras sociales y mutuales, a mantener la continuidad de los tratamientos que ya se encuentren en curso, incluso ante modificaciones en la cartilla de prestadores.
La propuesta establece que los usuarios tendrán el derecho a optar por seguir con los mismos profesionales y servicios que vienen utilizando para su tratamiento durante todo el tiempo que este dure, sin que se vean forzados a cambiar debido a modificaciones en la cartilla de los prestadores.
Giacoppo resaltó que es una práctica común que estas instituciones realicen cambios en sus cartillas de prestadores, lo que conlleva a que los afiliados deban cambiar de médico o institución en mitad de tratamientos en curso, una situación que puede repercutir negativamente en su salud, en particular en casos de enfermedades crónicas. Además, apuntó al hecho de que esto lleva a una acumulación de casos en los tribunales, ya que los usuarios buscan amparo legal para poder continuar sus tratamientos con los mismos profesionales.
El proyecto se fundamenta en jurisprudencias que han entendido que las modificaciones en la cartilla no deben afectar los tratamientos en curso, y que los pacientes tienen el derecho de decidir continuar con los mismos prestadores. La senadora apeló a decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enfatizando que el derecho a la vida, y por extensión, el derecho a la preservación de la salud, son derechos primordiales garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Giacoppo señaló que es crucial legislar en este sentido para ahorrarles a los usuarios el tiempo y los recursos que consume un proceso judicial. Al hacerlo, no solo se estaría actuando en conformidad con las disposiciones constitucionales y tratados internacionales sino también facilitando una mejor garantía del derecho a la salud, reduciendo la carga sobre el sistema judicial y garantizando un tratamiento médico continuo y consistente para los pacientes.
