La Ley 27739 trae modificaciones a nuestro Código Penal, enfocándose en la reforma de la normativa relacionada con el lavado de activos de origen ilícito y el financiamiento del terrorismo. La República Argentina, como parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), enfrenta una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en relación con la prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La evaluación, realizada mediante un procedimiento de examinación mutua, juega un papel crucial en determinar la conformidad del país con los estándares internacionales.
La sanción de la Ley 27739 introduce modificaciones sustanciales que reflejan la voluntad de fortalecer el marco legal para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ajustándose así a las recomendaciones internacionales.
La reforma del artículo 41 quinquies del Código Penal amplía la definición y el alcance de los actos terroristas, buscando superar las críticas de vaguedad y falta de claridad que planteaban desafíos en su aplicación efectiva, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En lo concerniente al lavado de activos, la ley introduce una definición más amplia y detallada de los bienes sujetos a este delito, alineándose con los estándares internacionales como los establecidos en el Protocolo de Palermo. Se destaca la inclusión de una gama más extensa de activos dentro del concepto de lavado, así como la actualización del umbral monetario para diferenciar entre las diversas categorías de lavado de activos, adoptando un enfoque basado en salarios mínimos vitales y móviles para mantener relevancia económica a lo largo del tiempo.
Otra modificación relevante es la relativa al financiamiento del terrorismo, donde se ajustan las definiciones y se amplían las finalidades y los activos que pueden ser considerados como parte del delito, incluyendo preocupaciones contemporáneas como la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas enmiendas reflejan un esfuerzo por mantener actualizado el marco legal en consonancia con las dinámicas cambiantes del terrorismo global y sus métodos de financiamiento.
En cuanto a la Unidad de Información Financiera (UIF), las reformas buscan mejorar la capacidad de este organismo para prevenir e investigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ampliando el espectro de delitos precedentes que deben ser considerados y mejorando las técnicas legislativas para una mayor eficiencia y efectividad en su labor.
