La Resolución 26/2021 del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se dicta como continuidad de la Acordada 178/2019, profundizando la incorporación del lenguaje claro en el ámbito judicial. En sus considerandos se destaca la necesidad de que los actos y decisiones del Poder Judicial sean comprensibles para toda la comunidad, vinculando este objetivo con la transparencia y el acceso a la justicia como garantías constitucionales (arts. 18 y 123 CN). Asimismo, se invoca la Ley Provincial N.º 110 y la Acordada 120/1994, que atribuyen al Tribunal facultades de organización y funcionamiento.
La resolución aprueba pautas generales de redacción que establecen un estilo directo, positivo y cercano; párrafos breves; uso mínimo de tecnicismos, explicando los imprescindibles; eliminación de expresiones en latín; lenguaje no discriminatorio y oraciones cortas en voz activa. Además, se dispone capacitación continua a través de la Escuela Judicial, la difusión de estas normas, la elaboración de un glosario de términos claros junto con asociaciones y sindicatos judiciales, y la coordinación con la Oficina de Planificación Estratégica y la Dirección de Comunicación Institucional.
Su alcance trasciende lo meramente estilístico: configura una política pública judicial orientada a la legitimidad institucional, a la eficiencia comunicativa y a la consolidación de un modelo de justicia accesible, en línea con los estándares internacionales y con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.
Versión en lenguaje claro
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dictó en 2021 la Resolución 26 para que todas las decisiones y documentos judiciales se redacten de manera clara y comprensible. La idea central es que cualquier persona, sin importar sus conocimientos jurídicos, pueda entender lo que resuelve la justicia.
El Tribunal recordó que la Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia y que esto solo es real si las resoluciones se redactan en un lenguaje accesible. Por eso aprobó reglas que deben aplicarse en todo el Poder Judicial de la provincia.
Las reglas principales son:
- Usar un estilo directo y cercano.
- Redactar con frases cortas, una idea por oración.
- Evitar palabras en latín y tecnicismos; cuando sean necesarios, deben explicarse.
- No usar un lenguaje discriminatorio.
- Mantener un tiempo verbal coherente y preferir la voz activa.
- Identificar claramente las normas o antecedentes citados.
Además, la Escuela Judicial debe ofrecer cursos de capacitación sobre lenguaje claro, y se ordena crear un glosario de palabras simples en conjunto con jueces, empleados judiciales y sindicatos, para reemplazar gradualmente términos técnicos difíciles. También se instruyó a distintas oficinas del Tribunal a difundir estas pautas y brindar herramientas prácticas para aplicarlas.
Esta resolución no solo cambia la forma de escribir, sino también la forma en que la justicia se relaciona con la sociedad. Al ser más claras las decisiones, las personas podrán comprender mejor qué derechos tienen, qué obligaciones deben cumplir y por qué se llega a determinada conclusión.
En definitiva, la norma busca una justicia más transparente y cercana, que cumpla con el principio republicano de publicidad de los actos y refuerce la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
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