El pleno de la Cámara de Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrentó a la compleja cuestión de las diferencias salariales en el ámbito del empleo público local. En este contexto, se abordó la ausencia de un plazo de prescripción explícito para reclamos salariales en dicha esfera, una laguna legal que planteaba serias interrogantes respecto a la seguridad jurídica y la protección de los derechos laborales de los empleados públicos.
La resolución del plenario, adoptada por mayoría, consagra como doctrina legal la aplicación de los principios contenidos en el artículo 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación para la prescripción de acciones relativas a diferencias salariales derivadas de relaciones de empleo público. Este artículo, parte integral del ordenamiento jurídico que regula las obligaciones y los contratos en general, establece plazos y condiciones bajo los cuales las acciones civiles y comerciales pueden extinguirse por el transcurso del tiempo.
La adopción de esta doctrina legal por parte de la Cámara implica un reconocimiento de la necesidad de proveer un marco normativo coherente y aplicable a las controversias salariales en el sector público, en ausencia de regulaciones específicas. Al recurrir al Código Civil y Comercial para llenar este vacío legal, el fallo asegura una mayor predictibilidad y uniformidad en el tratamiento de estos reclamos, garantizando que los empleados públicos dispongan de un criterio claro respecto al tiempo disponible para ejercer sus derechos ante diferencias salariales.
Este pronunciamiento judicial no solo resuelve una cuestión práctica relevante para la administración y los trabajadores del sector público, sino que también establece un importante precedente en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Al hacerlo, la Cámara de Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refuerza los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pilares fundamentales del Estado de derecho.
