Ante un reclamo por impago de alimentos, se determinó la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en la Central de Deudores del Sistema Financiero con máxima categoría de riesgo. Además, se ordenó el secuestro de su licencia de conducir, prohibiéndole conducir hasta la regularización de la deuda. Este fallo resalta la figura de violencia económica.
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