El Decreto 334/2025 establece un régimen simplificado de importación para pequeños envíos desde el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego al territorio continental, dirigido exclusivamente a consumidores finales y con el objetivo de fomentar el consumo de bienes industriales fueguinos.
El Decreto 334/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, crea un régimen simplificado de importación de pequeños envíos de bienes producidos bajo el régimen industrial de la Ley 19640 y adheridos a la prórroga del Decreto 727/2021. La medida tiene por finalidad facilitar el acceso de consumidores finales, residentes en el Territorio Nacional Continental, a productos fabricados en la Zona Aduanera Especial de Tierra del Fuego, evitando la carga burocrática que históricamente ha limitado este flujo. El nuevo esquema establece que los envíos no podrán exceder tres unidades de la misma especie por destinatario por año calendario, con un tope de USD 3000 FOB por envío. Las empresas promovidas deberán habilitar un sistema de venta en línea para tal fin, mientras que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, quien podrá dictar normas complementarias y ajustar los parámetros del régimen en función de indicadores del mercado. La operatividad y controles estarán a cargo de ARCA, encargada de establecer los procedimientos simplificados en materia tributaria y aduanera. Esta norma se vincula estrechamente con la política de desarrollo regional impulsada por la Ley 19640, reforzando el objetivo constitucional de afianzar la presencia nacional en zonas estratégicas (arts. 5 y 123 CN). Además, se alinea con los principios de simplificación administrativa y fomento del consumo de producción nacional. En cuanto a su impacto, el decreto moderniza los mecanismos de comercialización de productos fueguinos, reduciendo asimetrías en el acceso al mercado continental, y evidencia un enfoque pragmático del legislador orientado a compatibilizar el régimen promocional con la digitalización del comercio. Su integración al ordenamiento jurídico refuerza la vigencia y adaptabilidad de los regímenes especiales en contextos económicos cambiantes.
