El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la Dra. Rita María Ailan, ha admitido como proceso colectivo la acción de amparo presentada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Esta acción legal desafía la legislación vigente sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que impone a los profesionales del derecho la obligación de informar sobre operaciones sospechosas realizadas por sus clientes.
Esta decisión permitirá la defensa de las prerrogativas profesionales de los abogados, quienes argumentan que dichas obligaciones podrían vulnerar principios fundamentales como la confidencialidad cliente-abogado, un pilar esencial del sistema legal que protege la comunicación entre abogado y cliente para garantizar un asesoramiento legal efectivo y honesto.
La admisión del amparo como proceso colectivo permite que el reclamo del CPACF no solo abarque a los miembros de esta institución, sino que extiende su alcance a todos los abogados de la Capital Federal afectados por esta normativa. Este enfoque colectivo busca una solución jurídica más amplia y coherente, evitando la fragmentación en la interpretación y aplicación de la ley, y subrayando la importancia de los temas planteados en relación con las libertades profesionales y la ética.
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