Fertilización asistida post mortem: falta de fundamentación del recurso
La actora solicitó autorización para utilizar, en un tratamiento de fertilización asistida post mortem, el material genético crioconservado de quien en vida fuera su cónyuge. Manifestó que, en virtud del contrato celebrado oportunamente, ese material genético se encuentra en poder de una clínica de fertilidad que le exige una autorización judicial que supla la voluntad de su cónyuge fallecido para la continuación del tratamiento.
La cámara denegó el pedido. Señaló que en nuestra legislación no se encuentra regulada la fertilización asistida post mortem, por lo que la autorización judicial peticionada debía ser resuelta bajo el prisma de la normativa vigente. Afirmó que resultan aplicables los artículos 560, 561 y 562 del Código Civil y Comercial de la Nación que exigen que la voluntad procreacional debe plasmarse en el consentimiento previo, informado y libre; y que no puede ejercerse por representación ni puede ser presumido en tanto constituye el ejercicio de un derecho personalísimo.
La Corte declaró mal concedido el recurso extraordinario por considerar que no se hallaba cumplido el requisito de fundamentación autónoma.
Sin perjuicio de ello, el juez Rosatti afirmó que en el caso no hay ausencia sino existencia normativa. Señaló que el artículo 560 del código mencionado es claro e inequívoco, por lo que resulta de aplicación en el caso la inveterada jurisprudencia de la Corte que, frente a diversas circunstancias y en distintas épocas, ha sostenido que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando esta es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación.
Expresó que la norma en cuestión prohíbe el consentimiento presunto, que la recurrente pretende acreditar con la autorización realizada en vida por el cónyuge, porque la cláusula exige una afirmación explícita y que prohíbe también el consentimiento anticipado.
El juez Lorenzetti, por su parte, señaló que los requisitos que establecen los artículos 560 y 561 requieren que el consentimiento se renueve cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones.
Agregó que la Constitución Nacional consagra una esfera de libertad personal (artículo 19) y toda renuncia o restricción respecto de la misma, es, lógicamente, de interpretación restrictiva y que la consecuencia de ello es que no puede presumirse que una persona renuncia o dispone de un derecho personalísimo.
Resaltó que en pos del pleno respeto a la autonomía, la libertad, autodeterminación y la dignidad humana, las normas deben ser interpretadas de forma restrictiva, a fin de salvaguardar la voluntad de la persona fallecida.
Por último, resaltó que los jueces no pueden sustituir al legislador en materia en las decisiones de política jurídica.
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