La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ratificando una sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta y una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La decisión, emitida en una audiencia pública, atribuye a Kirchner el envío de fondos públicos por más de 85.000 millones de pesos a través de contratos viales irregulares otorgados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Este fallo, basado en los criterios del Tribunal Oral Federal 2, mantiene que el dinero sustraído debe ser decomisado, y la ex presidenta sólo cumplirá la sentencia si la Corte Suprema, la última instancia, ratifica esta decisión.
La condena se extiende también a otros implicados como José López, Nelson Periotti y otros funcionarios. Sin embargo, se convalidaron las absoluciones de figuras como Julio De Vido, mientras que Carlos Santiago Kirchner fue sobreseído por prescripción. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, en un fallo de más de 1.700 páginas, sostienen que los contratos otorgados al Grupo Austral de Báez se adjudicaron de manera fraudulenta, con procesos simulados y sobrecostos. Aproximadamente el 86% de las obras nacionales en Santa Cruz fueron asignadas a Báez, de las cuales muchas quedaron inconclusas, aunque se cobraron en su totalidad.
El funcionamiento de esta estructura favoreció el “crecimiento económico exponencial” del grupo de Báez, cuya única fuente de ingresos provenía de los fondos del Estado nacional a través de contratos de obra pública vial. Según el fallo, las licitaciones y procesos fueron diseñados para beneficiario exclusivamente a Austral Construcciones, propiedad de Báez, quien tenía vínculos estrechos con la familia Kirchner. Los jueces encontraron que, a través de prácticas como el direccionamiento de concursos, la simulación de competencia y el otorgamiento de sobrecostos, el grupo empresarial de Báez logró un dominio del 86% de las obras nacionales en la provincia de Santa Cruz, de las cuales más de la mitad quedaron inconclusas, aunque los pagos se completaron.
Esta estructura no solo representó una desviación de fondos públicos, sino también una red de colusión entre funcionarios y empresas que debilitó la administración pública y provocó un perjuicio económico significativo al Estado. La falta de controles y la permisividad hacia prácticas irregulares permitieron que se consolidara un esquema de corrupción que favoreció al grupo empresarial de Báez, comprometiendo así la integridad de los recursos públicos. En su fallo, los jueces subrayaron la gravedad de esta “alianza delictiva”, que involucró a funcionarios de distintos niveles jerárquicos y fue respaldada por decisiones gubernamentales estratégicas que facilitaron el desvío de fondos bajo una apariencia de legalidad.
