El Gobierno exige prueba de conocimientos para empleos estatales bajo LCT

La Resolución 48/2025 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado establece la obligatoriedad de aprobar una evaluación de conocimientos para contratar personal bajo la Ley de Contrato de Trabajo en la Administración Pública Nacional, fortaleciendo criterios de idoneidad y transparencia en el empleo estatal.

En el marco del proceso de reestructuración del empleo público, la Resolución 48/2025 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, publicada en el BO del Jueves 15 de Mayo, se inscribe como una medida complementaria al Decreto 1149/2024, mediante el cual se dispusieron restricciones y requisitos para la contratación de personal en el Sector Público Nacional. Esta norma establece que, a partir del 1 de julio de 2025, únicamente podrán celebrarse nuevas contrataciones o renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley 20744 con aquellos postulantes que hayan aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias regulada por la Resolución 26/2024. En sus considerandos se fundamenta la medida en la necesidad de garantizar idoneidad técnica y profesional de quienes accedan al empleo estatal, reafirmando el principio meritocrático consagrado por la Ley 25164 y su decreto reglamentario 1421/2002. Asimismo, extiende una exhortación a representantes del Estado en órganos de decisión de sociedades y fondos fiduciarios públicos para que adopten medidas análogas. El espíritu de la resolución radica en promover una profesionalización uniforme del empleo público, disminuyendo márgenes de discrecionalidad y fortaleciendo los criterios de evaluación previa. En términos de impacto normativo, refuerza las exigencias incorporadas por normas previas como el Decreto 1109/2017 y complementa las medidas transitorias fijadas para el ejercicio fiscal 2025. Esta resolución se integra, con apoyo en el artículo 23 ter de la Ley de Ministerios 22520 y en la doctrina constitucional de razonabilidad y legalidad administrativa, proyectando una transformación estructural del régimen de contrataciones en el Estado nacional.

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