La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, en autos “Micro Sistemas SAU (Ley 24.240 de Defensa del Consumidor) s/ recurso directo”, rechazó el recurso interpuesto por la empresa y confirmó la multa administrativa impuesta por la autoridad de consumo.
El caso se originó en el reclamo de un usuario que detectó transferencias no autorizadas desde su billetera virtual, por montos significativos, hacia una cuenta desconocida. Ante la falta de solución por parte de la empresa, acudió a la Dirección General de Defensa del Consumidor, que sancionó a la firma por incumplir los deberes de seguridad, información y trato digno previstos en la Ley 24240.
La empresa apeló alegando incompetencia del organismo administrativo por existir una causa penal, ausencia de fallas en la plataforma y responsabilidad del usuario. También invocó violación al debido proceso y exceso ritual.
El tribunal desestimó todos los agravios. Señaló que la responsabilidad administrativa en materia de consumo es independiente de la penal y que lo juzgado fue el incumplimiento de deberes legales del proveedor, no la autoría del delito. Remarcó que las estafas digitales son riesgos previsibles en este tipo de servicios y que la empresa no acreditó medidas de seguridad eficaces ni una causa ajena que la exima de responsabilidad.
Asimismo, tuvo por acreditada la falta de información adecuada y el trato indigno al usuario, quien debió atravesar un proceso administrativo para obtener respuestas. La decisión fue adoptada en actuación unipersonal, confirmando íntegramente la sanción y con costas a la empresa.
Versión en lenguaje claro
Tema del caso
Una empresa de billetera virtual fue sancionada por no proteger el dinero de un usuario ante una estafa digital.
Antecedentes
El usuario detectó transferencias no autorizadas desde su cuenta. La empresa no le dio una solución clara. La autoridad de consumo la multó por incumplir deberes legales. La empresa apeló y dijo que el problema era penal y culpa del cliente.
Decisión final
La Cámara confirmó la multa. Señaló que la responsabilidad de consumo es independiente de la penal. Indicó que la empresa debía prevenir este tipo de fraudes. También destacó que no probó sus medidas de seguridad ni informó adecuadamente al usuario.
Conclusión
Las empresas digitales deben garantizar la seguridad de los fondos. Si no prueban que actuaron correctamente, responden por los daños al consumidor.
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