El Superior Tribunal bonaerense rechazó una queja por extemporaneidad contra la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley, ambos presentados in forma pauperis. En una decisión que no fue unánime, la Suprema Corte revocó esta decisión, señalando un criterio excesivamente formalista que perjudicaba el derecho de defensa del apelante.
La Corte destacó que cualquier persona sometida a un proceso penal debe contar con una adecuada asesoría legal que garantice una defensa real y efectiva en juicio. No es suficiente que el acusado cuente con un abogado de manera formal; es esencial que reciba una asistencia efectiva y sustancial de su defensor.
El Tribunal provincial había decidido no habilitar su jurisdicción al considerar que la impugnación era principalmente procesal, sin valorar adecuadamente que el encausado había expresado claramente su intención de apelar al ser notificado personalmente de la decisión adversa. Aunque el recurso fue presentado fuera del plazo legal y correspondía al abogado informar el cambio de domicilio, la sala de casación conocía la voluntad de apelar del condenado. Ante la imposibilidad de localizar a su abogado de confianza, el tribunal debió haber asegurado la correcta defensa del condenado, especialmente dada su situación de privación de libertad. Por ello, debió haber involucrado inmediatamente a la defensa oficial para garantizar el ejercicio adecuado de su derecho a la defensa.
