Eduardo Casal, el Procurador General interino de la Nación, presentó un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enfatizando la importancia de la participación y aprobación del Ministerio Público Fiscal en los procedimientos de conciliación penal para su validación judicial. Esta intervención es esencial para la legalización de tales conciliaciones según la normativa del Código Procesal Penal Federal, específicamente en sus artículos 30 y 34. Casal destacó que esta función es una prerrogativa exclusiva de los fiscales, como una excepción al principio general de legalidad procesal establecido en el Código Penal.
Además, Casal emitió una instrucción general (Resolución PGN N° 92/23) para definir estándares de actuación para los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). Esta instrucción busca asegurar que los procesos de conciliación se lleven a cabo de manera que armonicen los distintos intereses en juego y contribuyan a la paz social, siempre respetando las obligaciones del MPF de proteger los intereses generales de la sociedad.
En este marco, se estableció que los fiscales deben intervenir y estar de acuerdo con los acuerdos conciliatorios para su aprobación judicial. Se especificaron varias situaciones en las que los fiscales deben oponerse a estos acuerdos, como cuando los imputados tienen condenas anteriores, están en período de reincidencia, o han sido beneficiados previamente con suspensión de procesos o acuerdos conciliatorios.
Finalmente, se resaltó la necesidad de que los fiscales aseguren que la participación de las víctimas en los acuerdos conciliatorios se realice de manera informada y sin coacción, prestando especial atención a las situaciones de vulnerabilidad que puedan ser explotadas por el imputado.
