La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado la condena impuesta a un individuo que, en su papel como juez de instrucción, no atendió debidamente los recursos de habeas corpus presentados en favor de dos víctimas de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina.
El juez en cuestión ha sido encontrado responsable de una grave omisión en su deber de garantizar los derechos básicos y las protecciones legales a individuos que eran víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Esta omisión, que implicó una falta de respuesta a las peticiones de habeas corpus, efectivamente negó a las víctimas una vía potencialmente vital de recurso y protección legal en un momento de extrema vulnerabilidad.
Al no actuar sobre los pedidos de habeas corpus presentados durante un período de violencia estatal y represión generalizada, el juez no solo falló en su deber profesional, sino que también contribuyó a la perpetuación de las injusticias y los abusos de derechos humanos que estaban ocurriendo en ese momento.
Esta confirmación de la condena por parte de la Cámara Federal de Casación Penal refuerza la responsabilidad que tienen los actores judiciales de adherirse a los principios más básicos de la justicia y los derechos humanos, especialmente en contextos de violencia estatal y represión política. Asimismo, refrenda el compromiso de los órganos judiciales actuales de Argentina con la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de delitos de lesa humanidad, enfatizando que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes, incluso décadas después de cometidos los hechos.
