El Decreto 70/2023 ha sido y sigue siendo objeto de controversias jurídicas en el pías. El reconocido jurista Andrés Gil Domínguez, inició una causa para que el Congreso abordara el tratamiento de este decreto. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el recurso de per saltum presentado por Gil Domínguez, argumentando que el jurista no poseía legitimación activa para demandar en este caso. Además, la Corte destacó que el objeto de la acción judicial buscaba únicamente asegurar el cumplimiento de la legalidad, sin demostrar cómo este decreto afectaba de manera concreta al demandante. Este rechazo enfatiza la necesidad de una afectación directa y personal para configurar un caso o controversia que pueda ser tratado judicialmente. La decisión subraya el rigor en la interpretación de los requisitos procesales por parte de la Corte Suprema argentina, limitando el acceso a este tipo de recursos excepcionales a situaciones donde la afectación es clara y directa.
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