La “Ecotasa” en Bariloche carece de un ajuste adecuado a los principios y reglas tributarias.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro desestimó la acción presentada por diversos titulares y representantes de establecimientos hoteleros contra el Municipio de San Carlos de Bariloche. La demanda buscaba declarar inconstitucional la imposición de la “ecotasa”, una tasa cobrada a los turistas que pernoctan en la ciudad, independientemente del tipo y categoría del alojamiento. Esta tasa se justificaba como una contraprestación por los servicios de infraestructura turística proporcionados por el municipio.

En su sentencia, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló en favor del municipio, argumentando que la ecotasa era válida como una medida para financiar los servicios turísticos. Sin embargo, la cuestión fue apelada ante la Corte Suprema, que terminó revocando la sentencia inicial.

La Corte Suprema basó su decisión en la falta de una concreta individualización de la actividad estatal que justifica la obligación tributaria. Específicamente, la Corte señaló que no se había demostrado que los servicios por los que se cobraba la ecotasa fueran efectivamente prestados o puestos a disposición de los contribuyentes de manera individualizada. Esta falta de especificidad e individualización fue crucial para la decisión de la Corte.

En su argumentación, la Corte recordó un precedente relevante (Fallos:  312:1575,) en el cual el Dr. Belluscio, en un voto concurrente, destacó la irracionalidad de imponer tasas por servicios que benefician indiscriminadamente a toda la comunidad, pero que son cargadas solo a ciertos contribuyentes. Según esta doctrina, resulta inequitativo que aquellos que realizan actividades comerciales, industriales o de servicios deban soportar la carga de financiar servicios públicos de los que toda la comunidad se beneficia, sin una clara y directa correlación con los servicios prestados.

Aplicando esta doctrina al caso de la ecotasa, la Corte concluyó que la pretensión fiscal del Municipio de San Carlos de Bariloche carecía de un ajuste adecuado a los principios y reglas tributarias. Específicamente, se consideró que la ecotasa violaba el artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege el derecho de propiedad y garantiza que ninguna carga pública puede imponerse sin una justa y clara base legal.

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