Se revoca la sentencia de grado y se hace lugar a la acción de amparo incoada contra del Estado Nacional -Agencia Nacional de Discapacidad-, con el fin de que se ordene la efectivización de la pensión no contributiva que por derecho le corresponde a la amparista, pues si bien no se encuentra probado en autos el porcentaje de incapacidad laboral del 76% que prevé la normativa aplicable a los fines de acceder a este tipo de beneficios de la seguridad social, no debe soslayarse que existen diversas normas de rango constitucional y supraconstitucional que amparan la situación por la que atraviesa la aquí accionante, que resulta ser una persona trans portadora de HIV que padece diversas enfermedades que le impiden insertarse en el mercado laboral, y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
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