La Resolución Plenaria 133/2025 se dicta en el Expediente TCP-SC-278-2024 (EE-25-2025), originado en el artículo 5 de la Resolución Plenaria 223/2024, que instruyó al “Grupo Especial Estudio Actuarial OSEF” a elaborar un plan de auditoría sobre el impacto del gasto destinado a beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
En ese marco, el Vocal Abogado en ejercicio de la Presidencia, por Nota Interna 4564/2024, requirió incorporar al plan la Certificación de Deuda 02/24 emitida por la Presidenta de la OSEF, que evidencia una deuda exigible del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia por prestaciones brindadas a beneficiarios RUPE. Posteriormente se cursaron las Notas Externas NOTA-EXT-PR-20/2025, 21/2025 y 22/2025 a las Ministras de Salud y de Bienestar Ciudadano y Justicia y al Vicepresidente de OSEF, solicitando la designación de referentes para la auditoría.
A partir de reuniones de trabajo documentadas en minutas, el Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría Contable elevó el Informe Interdisciplinario INF-INTR-TCP-2-2025 mediante NOTA-INT-SC-218-2025, proponiendo reformular el objeto de la auditoría: analizar créditos y deudas entre OSEF, el Ministerio de Bienestar y el Ministerio de Salud por prestaciones a beneficiarios RUPE y de acogimiento familiar; verificar procedimientos de conciliación y compensación de deudas intergubernamentales conforme Ley Provincial 495 y Decreto 1122/2002; y estudiar el consumo prestacional de la población RUPE, todo ello bajo un amplio marco normativo (Leyes 389, 1072, 1071, 1004, 1465, 1486, 1511, 1516, 1533, 1541, 1580, 1596, 1597; Decretos 494/16, 3155/23, 1771/24, 1309/24; Resolución CGP 163/21; Acuerdo Plenario 299/2002; Resolución Plenaria 243/2005 y RT 53 FACPCE).
En función de ello, el Tribunal resuelve: (i) reformular y sustituir el objeto del artículo 5 de la RP 223/2024 por el definido en el Informe INF-INTR-TCP-2-2025; (ii) disponer el inicio y aprobar el Plan de Auditoría de beneficiarios RUPE en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial y la OSEF; (iii) crear el “Grupo Especial Auditoría RUPE”, como equipo interdisciplinario integrado por auditores fiscales, revisores de cuentas, personal de informática, relatores y abogados, con asesoramiento académico externo; (iv) aprobar las “Consideraciones Generales de la Labor Interdisciplinaria y Lineamientos Generales de Funcionamiento” (Anexo II) y ordenar el seguimiento de las pautas de equipos de trabajo fijadas por la RP N.º 27/2024 (Anexo III); (v) fijar un plazo de 120 días corridos para la presentación del informe final, con informes parciales bimestrales; y (vi) notificar a las ministras competentes, al Vicepresidente de OSEF, al Gobernador, a la Presidenta del Poder Legislativo y a los funcionarios internos, con fundamento en los artículos 1, 2, 26 y 27 de la Ley Provincial 50.
Versión en lenguaje claro
¿Qué hace la Resolución 133/2025?
El Tribunal de Cuentas pone en marcha una auditoría especial sobre las pensiones del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) y sobre otras prestaciones vinculadas, que impactan en las cuentas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y de distintos ministerios.
Origen del caso
Primero, otra resolución (RP 223/2024) ordenó estudiar el impacto del gasto en beneficiarios RUPE. Luego se detectó, mediante una certificación de deuda, que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia le debía montos importantes a la OSEF por prestaciones médicas a beneficiarios RUPE.
Para organizar mejor el trabajo, se pidieron referentes en los ministerios y en la OSEF y se elaboró un informe interdisciplinario que definió con precisión qué debía auditarse.
Qué se va a auditar
La auditoría va a:
- Revisar créditos y deudas entre OSEF, el Ministerio de Bienestar y el Ministerio de Salud por prestaciones a beneficiarios RUPE y del sistema de acogimiento familiar.
- Analizar cómo se facturan, registran y cobran estas prestaciones.
- Ver si existen procedimientos claros para conciliar y compensar deudas entre organismos, según la Ley de Administración Financiera.
- Estudiar el consumo de prestaciones de la población RUPE (por edades, tipos de servicios, impacto en el total de afiliados).
Cómo se realizará y en qué plazo
El Tribunal crea un Grupo Especial de Auditoría RUPE, formado por contadores, abogados, especialistas en informática y relatores, con apoyo académico de la Universidad de Cuyo.
Este grupo tiene 120 días para presentar un informe final y deberá ir elevando informes parciales cada dos meses.
Los ministerios y la OSEF están obligados a colaborar y designar referentes, y el resultado de la auditoría puede derivar en recomendaciones o medidas para ordenar las cuentas y mejorar la gestión del dinero público destinado a estas pensiones y prestaciones.
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