El *Divisional Court de la King’s Bench Division, presidido por Dame Victoria Sharp y el juez Johnson, se pronunció el 6 de junio de 2025 en las causas acumuladas “The King on the application of Frederick Ayinde v London Borough of Haringey” y “Hamad Al-Haroun v Qatar National Bank QPSC y otro”. Ambas fueron tramitadas bajo la jurisdicción Hamid, que habilita al tribunal a revisar la conducta de los abogados ante situaciones de posible incumplimiento de sus deberes profesionales, especialmente cuando involucran el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa.
En el caso Ayinde, la abogada Sarah Forey, aún en etapa de pupillaje, presentó fundamentos para un recurso de revisión judicial citando cinco fallos inexistentes, y tergiversó el contenido del artículo 188(3) del Housing Act 1996. A pesar de los reiterados requerimientos de la contraparte para obtener copia de los precedentes citados, Forey y el Haringey Law Centre, representado por su director legal Victor Amadigwe y la paralegal Sunnelah Hussain, se limitaron a minimizar los errores como meras “cuestiones cosméticas”. El juez Ritchie, en audiencia previa, calificó la conducta de “impropia, irrazonable y negligente” y dictó una orden de costas por £2.000 contra Forey y el centro legal, ordenando también su remisión a los entes reguladores.
En su evaluación, el Divisional Court confirmó los hechos y rechazó la defensa de Forey, quien negó el uso de IA pero no logró proporcionar una explicación coherente ni respaldar el origen de los fallos falsamente invocados. El tribunal consideró que el umbral para iniciar un proceso por desacato estaba alcanzado, aunque optó por no impulsarlo dada su inexperiencia y el contexto deficiente de supervisión profesional. No obstante, reiteró que se trató de una falta grave, que será investigada por los organismos disciplinarios correspondientes.
En el caso Al-Haroun, el abogado Abid Hussain de Primus Solicitors presentó un escrito judicial con múltiples citas jurídicas inexistentes, elaboradas por su cliente mediante herramientas de IA, sin verificarlas. El tribunal calificó su conducta como una “grave omisión profesional”, enfatizando que los abogados no pueden delegar en sus clientes la validación de los fundamentos legales presentados en juicio. A pesar de ello, el tribunal descartó la apertura de un proceso de desacato al considerar la ausencia de dolo, pero remitió el caso a la autoridad reguladora.
El fallo aborda con profundidad la creciente problemática del uso indebido de IA en la práctica jurídica. El tribunal destacó la necesidad urgente de adoptar mecanismos de supervisión profesional eficaces y reiteró que los abogados tienen el deber indelegable de verificar la información que presentan ante los tribunales. La decisión advierte que futuras omisiones podrán implicar sanciones disciplinarias, órdenes de costas, e incluso remisiones al Ministerio Público en casos graves.
“Es totalmente impropio presentar casos falsos en un escrito procesal. Fue irrazonable, cuando se señaló el error, decir que se trataba de ‘errores menores de citación’… Califico esa conducta como falta profesional.” (del voto de Ritchie J)
“…la conducta de los abogados que presentan material falso como auténtico, pone en riesgo la integridad del sistema de justicia y será tratada con severidad por este tribunal.” (del voto de Dame Victoria Sharp)
“Un abogado no puede confiar en su cliente lego para la exactitud de citas jurídicas incluidas en documentos que presenta al tribunal.” (del voto de Dame Victoria Sharp)
“La administración de justicia depende de que el tribunal pueda confiar sin reservas en la integridad de quienes comparecen ante él y en su profesionalismo al presentar solo argumentos que puedan ser debidamente respaldados.”
“…el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa sin verificación adecuada puede dar lugar a citaciones inventadas, tergiversaciones del derecho aplicable y errores sustanciales que comprometen la confianza pública en la justicia.”
* La King’s Bench Division es una sección del High Court of Justice de Inglaterra y Gales, con competencia en litigios civiles complejos, revisiones judiciales de decisiones estatales y apelaciones penales. Dentro de ella, la Divisional Court es una formación especial de dos o más jueces que interviene en casos de relevancia institucional o urgencia procesal, especialmente cuando se cuestiona la conducta profesional de abogados, la legalidad de actos públicos o se invocan derechos fundamentales. Ambas garantizan el control de legalidad, la ética procesal y la protección de derechos en el sistema judicial británico.
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