La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán resolvió la demanda iniciada por Mariela Fernanda Tacacho contra la Provincia de Tucumán y el exjuez penal Juan Francisco Pisa, a quienes reclamaba una indemnización por el femicidio de su hija Paola Estefanía Tacacho, ocurrido el 30 de octubre de 2020.
La actora alegó que el sobreseimiento dictado por Pisa en 2017 respecto de Mauricio Parada Parejas, agresor y posterior femicida de su hija, fue irregular y sin perspectiva de género, configurando una falta de servicio del Estado. Sostuvo que el fallo judicial permitió la impunidad que derivó en la muerte de la víctima.
La Provincia, el Poder Judicial (como tercero) y el exmagistrado negaron los hechos y plantearon la prescripción liberatoria del reclamo. Argumentaron que el sobreseimiento fue legítimo, no revisado ni anulado por tribunal superior, y que no existió nexo causal entre esa decisión y el crimen ocurrido más de tres años después.
Tras analizar las 13 denuncias presentadas por Paola Tacacho contra Parada Parejas y las actuaciones judiciales posteriores, el tribunal concluyó —por decisión unánime de los jueces María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta— que no se acreditó una falta de servicio judicial ni error judicial declarado, por lo que rechazó la demanda, declaró prescripta la acción y absolvió de responsabilidad a los demandados.
Versión en lenguaje claro
La Cámara Contenciosa de Tucumán resolvió que la Provincia de Tucumán y el exjuez Juan Francisco Pisa no deberán pagar una indemnización por el femicidio de Paola Tacacho, ocurrido en 2020.
Su madre, Mariela Tacacho, había demandado al Estado porque consideraba que la decisión de Pisa en 2017 —cuando sobreseyó al agresor Mauricio Parada Parejas— fue un error grave y sin perspectiva de género. Alegó que esa resolución permitió que el femicida siguiera libre y luego asesinara a su hija.
El tribunal revisó todas las causas que Paola había iniciado contra su agresor y observó que hubo múltiples intervenciones judiciales posteriores. Sostuvo que la sentencia de sobreseimiento nunca fue anulada ni declarada errónea, por lo que no puede considerarse una falta de servicio del Estado.
Además, los jueces señalaron que la demanda fue presentada fuera del plazo de tres años que marca la ley. Por eso, rechazaron la demanda y absolvieron a la Provincia y al exjuez Pisa.
En resumen, la justicia entendió que no hay responsabilidad del Estado ni del magistrado por la actuación judicial previa al femicidio de Paola Tacacho.
