El Gobierno Nacional aprueba Reglamentación para la reforma del Código Aeronáutico

El Gobierno Nacional a través del decreto nacional 599/2024, que cuenta con las firmas del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y el ministro de Finanzas Luis Caputo, introduce importantes cambios en el Código Aeronáutico, especialmente en áreas claves como el acceso a mercados, la capacidad aeroportuaria y la liberación de formas contractuales.

Objetivos de la Reforma

La reforma, que ha sido impulsada en colaboración con la Secretaría de Transporte y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, tiene como objetivo principal eliminar regulaciones obsoletas y avanzar en la desregulación del espacio aerocomercial. Según declaraciones recientes, estas medidas buscan fomentar la competencia y dinamizar el sector, facilitando un entorno más competitivo y eficiente.

Principales Cambios

El decreto se organiza en tres títulos fundamentales

Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales: Esta disposición permite la entrada de más operadores de rampas, otorgando a las aerolíneas la libertad de elegir la empresa que les proporcione estos servicios. Actualmente, esta tarea está monopolizada por Intercargo.

Reglamentación del Artículo 110 del Código Aeronáutico: La liberación contractual permitirá a las aerolíneas establecer contratos de manera autónoma, una práctica anteriormente restringida. Con la nueva normativa, únicamente se requerirá la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Reglamento de Asignación de Capacidad y/o Frecuencia para Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales: Se elimina la posición privilegiada de Aerolíneas Argentinas en cuanto a capacidad aeroportuaria. Hasta ahora, la aerolínea de bandera disfrutaba de mayores espacios y franjas horarias exclusivas en los aeropuertos, una situación que este decreto busca equilibrar para promover una competencia más justa entre todas las aerolíneas.

Impacto Esperado

El Gobierno espera que estas medidas estimulen la competencia, mejoren la eficiencia operativa de las aerolíneas y, en última instancia, beneficien a los consumidores con más opciones y mejores servicios. La desregulación del sector aerocomercial es vista como un paso necesario para alinear la normativa argentina con las mejores prácticas internacionales y adaptarse a las nuevas realidades del mercado global.

Con la implementación de este decreto, se espera que el sector aerocomercial argentino experimente una transformación, con más actores entrando al mercado y una mayor oferta de servicios para los pasajeros.

Evidentemente estamos frente a un movimiento que sin duda, marcará un antes y un después en la historia de la aviación comercial en el país.

Cuota alimentaria y  reconocimiento del trabajo doméstico

El recurso de inaplicabilidad de ley fue declarado admisible, resultando en la casación de la resolución recurrida y la subsistencia de la decisión del juez de primera instancia. Este juez fijó la cuota alimentaria definitiva en favor de tres menores de edad en una suma equivalente a tres y medio salarios mínimos vitales, a cargo del progenitor y subsidiariamente de los ascendientes paternos.

La valoración incluyó la carga mental que para la madre supone tanto el cuidado de los menores como la gestión de las tareas del hogar. Se reconoció que la planificación, coordinación y protección de la vida familiar e individual de sus miembros conlleva un esfuerzo psicológico significativo, el cual debe ser cuantificado y reconocido desde una perspectiva productiva.

De la sanción a la adaptación: 30 Años del Procedimiento Administrativo en Tierra del Fuego.

El Dr. Maximiliano A. Tavarone nos trae un nuevo y revelador artículo titulado “A 30 años de la sanción del régimen procesal administrativo de Tierra del Fuego. La vulnerabilidad y la necesidad de adecuar el proceso con los estándares protectorios actuales. Proyecciones a partir de jurisprudencia en materia de empleo público”. Este trabajo es un breve análisis del régimen procesal administrativo de la Provincia de Tierra del Fuego, destacando la necesidad de actualizarlo conforme a los estándares actuales de protección de derechos humanos.

A lo largo de sus páginas, Tavarone examina cómo, a pesar de los importantes cambios constitucionales y la incorporación de nuevos derechos y garantías desde la reforma de 1994, el régimen procesal de Tierra del Fuego ha permanecido prácticamente inalterado. Subraya la importancia de adecuar los procedimientos administrativos para proteger de manera efectiva a las personas en situación de vulnerabilidad.

Con un enfoque en la jurisprudencia reciente en materia de empleo público, el Dr. Tavarone analiza y expone donde se pone de manifiesto la falta de adecuación del régimen procesal a las nuevas exigencias de protección de derechos. El autor argumenta que es esencial estructurar los procedimientos administrativos de manera que incorporen instancias específicas, para abordar los nuevos niveles de protección requeridos por la evolución normativa y jurisprudencial.

La publicación de este artículo no solo celebra el aniversario del régimen procesal administrativo, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de reformas que aseguren una tutela judicial efectiva y una protección administrativa acorde con los estándares contemporáneos.

El trabajo es una lectura fundamental para juristas, académicos y profesionales del derecho, interesados en el desarrollo y la evolución de los procesos administrativos en el contexto de los derechos humanos, sumado a la necesidad de  adecuar el proceso local con los estándares protectorios actuales.

Desestiman Video de WhatsApp como Prueba en Caso de Despido

La Cámara del Trabajo de Viedma resolvió a favor de una trabajadora despedida, desestimando un video recibido por WhatsApp como prueba. La empleadora argumentó que la actora asistió a un evento de pole dance al día siguiente de ausentarse por enfermedad, utilizando el video para justificar la pérdida de confianza y el despido.

La actora, que se desempeñaba como experta en servicios según el CCT 776/19, presentó un certificado médico por un estado gripal diagnosticado el 14 de diciembre de 2021, que incluía prescripción de reposo laboral. No obstante, al día siguiente, la empresa le notificó su despido basándose en el video recibido, que supuestamente demostraba su participación en el evento el 15 de diciembre de 2021.

Los jueces Carlos Valverde, Gustavo Guerra Labayén y Rolando Gaitán analizaron la validez de la causal de despido esgrimida, considerando si la misma revestía la gravedad necesaria para justificar la desvinculación directa. La evidencia principal, un video recibido por WhatsApp, fue desestimada por su incapacidad para determinar con certeza la fecha, hora y lugar de los hechos debido a la compresión y eliminación de metadatos inherentes al envío de archivos a través de dicha aplicación.

El fallo destacó que, según el perito informático, la compresión de videos en WhatsApp elimina información crucial como el geoposicionamiento, la resolución original y los datos del dispositivo de captura, lo que impide autenticar la prueba adecuadamente. Además, la persona que supuestamente grabó el video no se presentó como testigo, debilitando aún más la credibilidad de la prueba.

Ante la falta de pruebas contundentes, la Cámara del Trabajo concluyó que no se acreditó la base fáctica que justificara el despido, declarando el mismo como incausado. En consecuencia, se ordenó a la empleadora pagar las indemnizaciones correspondientes y las diferencias salariales por la falta de pago del Adicional por Región Patagónica, conforme al artículo 59 del CCT 776/19. También se condenó a la empresa a entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT.

Superior Tribunal de Justicia restituye derecho a la vivienda

Los miembros del Superior Tribunal de Justicia se reunieron para emitir un pronunciamiento en el caso “Guenul Gueicha, Gioconda del Carmen c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat s/ Contencioso Administrativo”. En este expediente, la Sra. Gioconda del Carmen Guenul Gueicha, empleada administrativa del Municipio de Río Grande, presentó una demanda contencioso-administrativa contra el Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH) para anular la resolución 1754/22 que rechazó su recurso de reconsideración contra la resolución 1479/22, la cual la dio de baja de la demanda general del IPVyH.

Guenul Gueicha había estado inscripta en la demanda de vivienda del IPVyH desde 2007, ya que no tenía posibilidad de acceder a una vivienda sin la ayuda del Estado. Ella alegó que, según el procedimiento, debía actualizar sus datos anualmente presentando su recibo de sueldo. Normalmente, el IPVyH le notificaba sobre este requisito. Sin embargo, en 2019 no fue informada sobre la necesidad de presentar nuevamente su recibo de haberes, y aunque en 2020 y 2021 no se le exigió la actualización debido a las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia, en julio de 2022, al acercarse al IPVyH para actualizar sus datos, se enteró de que había sido dada de baja sin previo aviso.

El IPVyH, por su parte, respondió que la normativa de 2015 establece la obligatoriedad de actualizar anualmente el legajo, notificando cualquier cambio en los ingresos o situación laboral. Además, mencionó que no actualizar el legajo por un año sin justificación es causal de baja. En cada actualización anterior, incluyendo la última en julio de 2018, Guenul Gueicha fue informada sobre esta obligación. El Instituto argumentó que la actualización anual es necesaria para conocer las necesidades habitacionales de los solicitantes y planificar estrategias adecuadas.

El Tribunal, decidió considerar varias cuestiones. En primer lugar, se planteó si era procedente la demanda. El juez Ernesto Adrián Lóffler sostuvo que la baja del legajo de Guenul Gueicha carecía de razonabilidad y proporcionalidad, ya que la actora estaba inscripta desde hacía casi seis años y no había presentado su recibo de haberes debido a la falta de notificación. Se consideró que la resolución 165/2015 del IPVyH, que regula el procedimiento de inscripción y adjudicación de viviendas, y la ley provincial 141, que rige la actividad administrativa, debían ser aplicadas de manera supletoria.

La falta de notificación previa a la baja del legajo de Guenul Gueicha violaba el principio del debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y a una decisión fundada. Además, la pandemia había afectado la capacidad de los solicitantes para actualizar su documentación. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que la resolución IPVYH 1479/22 y la resolución 1754/22, que rechazó el recurso de reconsideración, eran nulas por violar el procedimiento y no cumplir con el debido proceso.

En su votación, la jueza María del Carmen Battaini coincidió en que el IPVyH no actuó de manera coherente con su conducta previa, quebrantando los principios de buena fe y seguridad jurídica. Los jueces Carlos Gonzalo Sagastume y Edith Miriam Cristiano adhirieron a estos argumentos.

En consecuencia, el Tribunal hizo lugar a la demanda de Guenul Gueicha, declarando nulas las resoluciones impugnadas y ordenando la reinscripción de su legajo en la demanda general de viviendas. Además, se impusieron las costas del proceso a la demandada.

Nació GPS. Generación Penal Sur

Presentación en Sociedad de la Revista Digital de Derecho Penal y Procesal Penal

Ayer, 3 de julio de 2024, se llevó a cabo la esperada presentación en sociedad de la nueva revista digital penal y procesal penal “GPS”, Generación Penal Sur. Esta publicación, promete ser un recurso indispensable para profesionales y académicos del ámbito jurídico, proporcionando análisis profundos y actualizaciones sobre los últimos desarrollos en el derecho penal y procesal penal.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Judicial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, y contó con la presencia del Dr. Alejandro Sherriff , Secretario de Superintendencia y Administración del STJ, quién acompañó al Dr Sergio Pepe, Director de la Publicación y a sus colaboradores, Dres, Lucas Berber y Daniel Yakké Araque Santilli.

La apertura estuvo a cargo del Dr Sherriff quien destacó la “aparición y compromiso de las nuevas generaciones de  profesionales del Poder Judicial de TDF, quienes se capacitan permanentemente, en pos de la excelencia”.

A su vez el Dr Sergio Pepe, agradeció a los presentes y a la vez hizo referencia a la misión de GPS, de “ofrecer contenidos rigurosos y de alta calidad, accesibles a través de su plataforma digital y que seguramente serán útiles y necesarios, no solo para los Magistrados del Poder Judicial sino también para los abogados del foro”

Ediciones de la Lenga, con 22 años de historia, sigue apostando por la innovación y la calidad en la difusión del conocimiento jurídico, y GPS es una muestra más de su compromiso con la excelencia académica y profesional. tendencias y cambios en el derecho penal y procesal penal.

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